El Gobierno cedió ante sus aliados y retiró la reforma sobre tierras extranjerizadas
La presión de senadores dialoguistas y el rechazo de gobernadores obligaron al oficialismo a sacar el capítulo más controvertido de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Un día antes, la senadora y jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado que el porcentaje de extranjerización de tierras tendría un tope de 25%.
El Gobierno nacional decidió retirar ayer el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la legislación sobre tierras rurales, luego de que la iniciativa encontrara resistencia incluso entre bloques que habitualmente acompañan al oficialismo. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, comunicó la decisión tras mantener reuniones con legisladores aliados y mantener en pie la sesión prevista para hoy.
El repliegue busca evitar que la discusión sobre la propiedad de tierras por parte de extranjeros complique el tratamiento del resto de la iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger. El capítulo será presentado posteriormente como un proyecto independiente, aunque todavía no se estableció cuándo volverá al recinto.
La presión se hizo visible en las últimas horas con pronunciamientos de gobernadores y senadores. Entre ellos, el tucumano Osvaldo Jaldo manifestó su rechazo, mientras que el gobernador neuquino Rolando Figueroa pidió públicamente que las tierras de su provincia queden en manos de argentinos.
Con la reforma de Tierras fuera del texto, el Senado continuará analizando modificaciones a la Ley de Expropiaciones, el régimen de desalojos y la Ley del Fuego. La propuesta oficial plantea actualizar las indemnizaciones por expropiación, incorporar un límite al reconocimiento del lucro cesante y acelerar los procesos judiciales frente a ocupaciones.
También mantiene cambios sobre terrenos afectados por incendios y prevé avanzar en la digitalización de los registros de propiedad inmueble mediante una Ventanilla Única Federal.
El tratamiento parlamentario estará acompañado por una movilización frente al Congreso convocada por la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales, ambientales y sectores vinculados a la actividad campesina. El retiro del capítulo sobre tierras descomprime la discusión, pero no elimina las diferencias que atraviesan al oficialismo en su intento de reunir los votos necesarios para aprobar el resto del proyecto.
Capítulo de tierras
La parte retirada del proyecto modificaba aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales y flexibilizaba algunas de las restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de extranjeros. Entre sus puntos principales figuraba elevar al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras.
La iniciativa también contemplaba eliminar determinadas protecciones establecidas por la legislación actual. Entre ellas se encontraba el límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular en la denominada zona núcleo, además de restricciones vinculadas con la posibilidad de adquirir tierras que comprendan cursos de agua o áreas de frontera.
El planteo oficial generó rechazo de organizaciones ambientales, sectores campesinos y dirigentes provinciales, que advirtieron sobre el impacto que una mayor flexibilización podría tener sobre el control de recursos estratégicos y del territorio. Ante la falta de consenso entre los propios bloques aliados, el Gobierno decidió sacar el capítulo del proyecto y anticipó que intentará discutirlo posteriormente como una iniciativa independiente.
La mirada local sobre el proyecto
La discusión por la extranjerización de tierras genera en Corrientes distintas miradas, aunque con un punto de coincidencia: el proyecto impulsado por el Gobierno nacional requiere un análisis más profundo antes de avanzar. Las posturas plantean la necesidad de equilibrar la llegada de inversiones con la protección del territorio y los recursos estratégicos.
El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, sostuvo ayer en declaraciones a la prensa que la Provincia continúa estudiando la iniciativa y remarcó que cualquier normativa nacional debe contemplar su impacto sobre el desarrollo correntino. Consideró que el proyecto todavía atraviesa una etapa inicial y que puede ser modificado, al tiempo que defendió la necesidad de generar herramientas para atraer inversiones y empleo sin descuidar los recursos naturales.
Desde una posición más crítica, el senador provincial Noel Breard advirtió sobre los riesgos de flexibilizar las restricciones para la propiedad extranjera, especialmente en zonas de frontera. Señaló que el debate excede las diferencias partidarias y cuestionó que una mayor apertura pueda dejar a la provincia vulnerable frente al interés sobre recursos estratégicos. También planteó como cuestión central determinar si las operaciones representan inversiones productivas o mecanismos de especulación.
El presidente de la UCR correntina y senador provincial Gustavo Valdés, también pidió "mucho cuidado" con la iniciativa y rechazó una extranjerización total de las tierras, particularmente en áreas fronterizas. Sin embargo, planteó la posibilidad de establecer mecanismos que permitan inversiones productivas bajo condiciones y controles, como podría ocurrir con determinadas actividades industriales.
Con el retiro del capítulo por parte del Gobierno nacional, la discusión quedó postergada, pero el debate correntino dejó planteada una coincidencia: la necesidad de revisar en profundidad el alcance de cualquier modificación antes de convertirla en ley.