La obra pública, otra vez en la encrucijada

La decisión del Gobierno nacional de ampliar el régimen para cancelar las deudas con empresas contratistas de obra pública y, especialmente, incorporar las obligaciones vinculadas con el mantenimiento de las rutas nacionales, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que en Corrientes ya no puede postergarse: ¿qué pasará con la obra pública nacional en la provincia?

La respuesta no aparece en la Resolución 3/2026. Y justamente allí reside una de las mayores preocupaciones. El Estado nacional reconoce que mantiene deudas con empresas que ejecutaron obras y realizaron tareas de mantenimiento vial entre 2022 y 2025, y ofrece saldarlas mediante títulos públicos. Es una salida financiera para una obligación acumulada, pero no constituye, por sí misma, una política de infraestructura.

Corrientes conoce demasiado bien las consecuencias de la paralización de la obra pública nacional. La Autovía Travesía Urbana de la Ruta Nacional 12 es quizá el ejemplo más visible de una obra que pasó de ser una promesa de transformación estructural a convertirse en un símbolo de los tiempos de espera. Una infraestructura estratégica para la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo del área metropolitana quedó atrapada durante años entre avances, interrupciones, anuncios de reactivación y falta de certezas.

Pero no se trata solamente de una obra emblemática. La provincia depende de una extensa red de rutas nacionales que resulta indispensable para sacar la producción, conectar localidades, garantizar el transporte de pasajeros y mercancías y sostener la actividad económica. El deterioro de esas vías no es una cuestión menor ni exclusivamente técnica: termina impactando en los costos, en los tiempos de traslado y, en definitiva, en la vida cotidiana de miles de correntinos.

Que el Gobierno incorpore ahora al régimen de cancelación de deudas las tareas de mantenimiento, conservación, operación y control de la Red Vial Nacional puede interpretarse como una señal de que reconoce la magnitud del problema. Pero también obliga a formular una pregunta incómoda: si se están regularizando las deudas acumuladas, ¿cuándo comenzará a regularizarse el futuro de las obras?

Porque una cosa es pagar -aunque sea con títulos públicos- lo que el Estado ya debe y otra muy distinta es garantizar los recursos para que las empresas puedan continuar trabajando. La infraestructura no se sostiene con anuncios ni con expedientes administrativos. Necesita presupuesto, continuidad, planificación y, sobre todo, previsibilidad.

La ampliación del régimen también revela hasta qué punto la deuda estatal se convirtió en un condicionante para las empresas. La modificación que limita la renuncia de reclamos al período 2022-2025 y preserva derechos vinculados con certificados, redeterminaciones y otros trámites pendientes intenta generar seguridad jurídica. Es razonable. Pero esa seguridad debería ser apenas el punto de partida, no el horizonte de una política pública.

Para Corrientes, el problema adquiere una dimensión todavía mayor porque durante los últimos años la Provincia quedó muchas veces obligada a reclamar por obras nacionales que considera estratégicas. La construcción y mantenimiento de rutas, la Travesía Urbana, los corredores de acceso a las ciudades y otras obras de infraestructura no pueden depender exclusivamente de la capacidad provincial para sustituir responsabilidades nacionales.

Tampoco sería razonable que cada gobierno provincial deba convertirse en gestor permanente ante Buenos Aires para conseguir que una obra ya comprometida vuelva a ponerse en marcha. La infraestructura nacional debería responder a una planificación federal y no a la capacidad de presión política de cada distrito.

La fecha del 12 de agosto, establecida como nuevo plazo para que las empresas adhieran al régimen, permitirá conocer cuántas aceptan el mecanismo y qué volumen de deuda quedará encauzado.

El verdadero desafío será saber qué obras continuarán, cuáles se reactivarán, cuáles quedarán definitivamente congeladas y con qué recursos se mantendrá la red vial nacional en Corrientes.