Vivir con deudas
Hay una escena que debería interpelar mucho más que cualquier indicador económico: un salón de espera y atención al público de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes repleta de jubilados, personas mayores con bastones, cuerpos cansados y rostros preocupados, esperando durante horas para encontrar una salida a una deuda de la factura de luz. No están allí para financiar un viaje, comprar un electrodoméstico o darse un gusto. Están intentando conservar un servicio básico.
La escena resume un problema que ya dejó de ser exclusivamente económico. La deuda de los hogares argentinos se está convirtiendo en una cuestión social, y detrás de cada porcentaje hay familias que viven al límite, pateando vencimientos, tomando un crédito para pagar otro, refinanciando la boleta de electricidad o el alquiler y resignando consumos esenciales para llegar a fin de mes.
El crédito, que alguna vez estuvo asociado a la posibilidad de progresar, adquirir un bien durable o afrontar una inversión, para muchos hogares pasó a ser una herramienta de supervivencia. Cuando seis de cada diez personas recurren a préstamos para cubrir alimentos, servicios, alquileres, tratamientos médicos o deudas anteriores, ya no se puede hablar simplemente de decisiones individuales equivocadas. Hay una falla estructural que merece una respuesta pública.
El dato más preocupante es precisamente ese: endeudarse para pagar deudas. El llamado recrédito instala a las familias en una rueda de la que resulta cada vez más difícil salir. Se paga una cuota con otro préstamo, se refinancia una tarjeta, se vuelve a financiar la electricidad y, mientras tanto, los intereses hacen crecer una deuda que parece no tener final.
Porque la consecuencia no termina en una central de riesgo. La deuda genera angustia, deteriora vínculos, afecta la salud mental y puede profundizar situaciones de violencia dentro de los hogares. Y cuando el sistema formal deja de ser una alternativa, aparecen los prestamistas informales, las tasas usurarias y circuitos todavía más peligrosos, donde la vulnerabilidad económica puede transformarse en vulnerabilidad social.
El relato sobre las dificultades para pagar la luz en Corrientes aporta una dimensión concreta a esa estadística. Una persona con voluntad de pago llega a una oficina pública, espera cuatro horas, cancela cuotas anteriores para acceder a una nueva financiación y recibe indicaciones que luego no se reflejan en los sistemas. Envía comprobantes por WhatsApp y nadie responde. Finalmente, le cortan el servicio.
No hay allí una discusión sobre si una deuda debe pagarse. Por supuesto que debe pagarse. La cuestión es otra: qué ocurre cuando alguien quiere pagar y el sistema que debería facilitarle esa posibilidad termina convirtiéndose en un obstáculo.
Y hay una pregunta todavía más incómoda: ¿qué sentido tiene convertir el acceso a la electricidad en una carrera permanente contra los vencimientos? La energía no es un bien suntuario. Es indispensable para cocinar, conservar alimentos, estudiar, trabajar, calentarse y vivir con condiciones mínimas de dignidad.
Por eso la discusión sobre el endeudamiento no puede quedar encerrada en los bancos ni en las oficinas de los organismos recaudadores. Hace falta una política integral que contemple regulación, protección del consumidor, límites a la usura, mecanismos de microcrédito social, garantías públicas y asistencia para quienes quedaron atrapados en la mora.
La pobreza no siempre se ve en quien llega a reclamar. Puede estar detrás de una familia que hasta hace poco pagaba regularmente y que hoy necesita elegir qué factura abonar. Puede estar en el jubilado que espera sentado durante horas. Puede estar en el trabajador que toma un préstamo para comprar comida. El problema de fondo es que estamos normalizando algo que no debería ser normal: vivir endeudados para poder vivir.
Una sociedad que convierte derechos básicos en obligaciones financieras permanentes termina trasladando el costo de la crisis a los hogares más débiles. Y cuando la deuda se vuelve la forma habitual de llegar a fin de mes, ya no alcanza con pedir responsabilidad individual. También el Estado debe asumir la suya.
Qué ocurre cuando alguien quiere pagar y el sistema que debería facilitarle esa posibilidad termina convirtiéndose en un obstáculo.