Refinanciar la luz: la trampa de un derecho que se volvió deuda

Por Liliana Fernández  

 En el mes de julio me enteré de que habían lanzado una moratoria de 36 cuotas para deudores en la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec). Fui corriendo. Llegué, saqué un número y esperé casi cuatro horas para que me atendieran. Me dijeron que esa moratoria era "solo para los usuarios que debían más de 1 millón de pesos" en boletas de luz.   

Me pareció algo inadmisible. Yo tenía una deuda superior a los $200.000 en boletas. Para casos como el mío solo había planes que contemplaban 4 o 6 cuotas, que es la facilidad de pago que te ofrecían si tenías dos o tres boletas atrasadas. Me pareció impagable. La persona que me atendió en ese momento me explicó que debía saldar las dos cuotas de mis planes anteriores para poder acceder a un nuevo programa de pago.  

Aboné los planes anteriores, volví a refinanciar lo atrasado. Pero uno no puede vivir refinanciando un servicio básico. Un electrodoméstico sí, pero la luz no. Es un servicio público, no una empresa privada. Terminás de pagar el plan de pago y a los dos meses se vuelven a generar costos elevadísimos y volvemos a caer en lo mismo. Es un círculo del que no se sale nunca.

El 17 de julio, cuando fui a la oficina de la empresa, por calle San Martín, me pidieron que pagara las dos cuotas que me faltaban del plan viejo. Las pagué. Me dieron un número de WhatsApp de la Dpec para enviar el comprobante de pago y pedir prórroga para que no me cortaran el servicio. Era la condición hasta que me financien las boletas atrasadas, porque debía esperar el vencimiento de la boleta de agosto para que ingresara en el plan -me dijeron-, "porque el consumo es bimestral y no pueden ingresar por separado". Envié los comprobantes de pago. Nadie contestó.   

A los cuatro días, una mañana a las 7.30, con una lluvia intermitente, paró la camioneta de la Dirección de Energía frente a mi casa y me cortaron la luz. Todo fue bronca e impotencia. Cuando fui a reclamar me la reconectaron, pero una semana después volvieron a amenazarme con cortarme el servicio. Fue una pesadilla. En las oficinas me decían una cosa y hacían otra. Al parecer no quedaba registrada mi solicitud de pago vía WhatsApp ni mi pedido de prórroga. Una inoperancia absoluta por parte de los operadores. 

Entonces, volví a ir a la oficina y cuando llegué se me rompió el corazón. El lugar estaba lleno de abuelos, señoras y señores con bastón, solo se veían cabezas blancas. Jubilados, gente encorvada que apenas podía caminar esperando horas para intentar resolver una situación similar o idéntica a la mía. Me pareció una falta total de consideración. Ellos también debían esperar toda la mañana para ser atendidos, con la preocupación y el Jesús en la boca por la falta de un servicio básico, esencial y público cuyas tarifas hoy debemos financiar por los montos elevadísimos que superan la cifra de un salario mínimo vital y móvil, en una provincia con altos índices de pobreza e indigencia.  

Me pregunto, ¿cuántos usuarios estarán hoy en mi misma situación? Encima no puedo acceder al subsidio nacional. Cuando pasé el medidor del servicio a mi nombre, mis datos quedaron adheridos al medidor anterior de mi mamá, y en la Dpec me responden: "No es nuestro problema, es del sistema nacional. Debe dirigirse a la Anses". Se lavan las manos y patean el problema para otro lado, y el sistema no me deja actualizarlo. Quedé sin subsidio y sin forma de reclamarlo. Si a mí, que soy joven, esto me enfermó de bronca e impotencia... ¿Qué les hace a esas personas que están lidiando con una enfermedad y edad avanzada?  

Es una situación que me parece inadmisible. El organismo provincial debería brindar una solución para aquellos usuarios que están en la misma situación que me toca atravesar y no dejarlos desprotegidos, a merced de tarifas que son impagables. Tengo voluntad de pago y aun así te ponen trabas. ¿Por qué no miran a su alrededor y presionan a los vecinos que están "enganchados" y proceden a sancionarlos como corresponde?.  

Pido a las autoridades que revisen estos planes de pago que ofrecen, porque no dan soluciones, suman otro problema. Tenemos voluntad de cumplir, lo que necesitamos son opciones reales. No se puede seguir financiando un derecho básico como si fuera una deuda de tienda. Entrar a reclamar a las oficinas de la Dpec da pánico porque es tierra de nadie. Así no se puede seguir.

La moratoria de 36 cuotas era solo para deudas millonarias. Para los vecinos comunes no hay facilidades reales y caemos en un círculo del que no se sale nunca.