Universidades reclaman el cumplimiento de una ley que lleva 300 días sin aplicarse
Docentes, no docentes, estudiantes e investigadores sostienen el plan de lucha y advierten sobre el impacto del ajuste en salarios, becas, funcionamiento y producción científica. La UNNE también forma parte de un sistema que reclama respuestas.
EN AGOSTO DE 2025 EL SENADO NACIONAL APROBÓ LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO. SI BIEN LUEGO FUE VETADA POR EL GOBIERNO, FUE RATIFICADA EN OCTUBRE DEL AÑO PASADO. TRANSCURRIDOS 300 DÍAS SIGUE SIN APLICARSE.
La comunidad universitaria nacional volvió ayer a poner el foco en una situación que lleva 300 días: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional. Docentes, nodocentes, estudiantes e investigadores reclaman que se implemente una norma aprobada por el Congreso, que además logró superar un veto y cuenta con fallos judiciales que plantean la necesidad de su aplicación.
El reclamo alcanza de manera directa a las universidades públicas de todo el país y, en ese mapa, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) también enfrenta las consecuencias de un escenario de fuerte restricción presupuestaria. La discusión no se limita a los salarios: involucra las condiciones necesarias para sostener las clases, las becas estudiantiles, la investigación y el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Desde los sectores sindicales advierten que el deterioro salarial ya genera sobrecarga laboral y pérdida de docentes y estudiantes. La necesidad de sumar otros trabajos, el incremento de los costos de traslado y la falta de recursos impactan sobre las tareas de enseñanza y preparación académica. También alertan sobre las consecuencias que el ajuste puede generar en la investigación científica.
Los trabajadores nodocentes, por su parte, ratificaron su plan de lucha y remarcaron que el reclamo excede las demandas sectoriales. Sostienen que defender la universidad pública significa preservar una herramienta de desarrollo, movilidad social y soberanía.
En este contexto, la comunidad universitaria realizará acciones de visibilización y prepara nuevas medidas de fuerza. En distintas universidades se convocaron banderazos para reclamar el cumplimiento de la ley, mientras que para la próxima semana se anunció un paro de 48 horas.
A 300 días de la aprobación de la norma, el conflicto vuelve a poner en discusión qué lugar ocupa la universidad pública en las prioridades del Estado y cuánto puede sostenerse un sistema que, según sus trabajadores, funciona cada vez más a partir del esfuerzo de quienes lo integran.