Paro nacional de docentes universitarios: 48 horas de protesta por financiamiento y salarios
La CONADU y gremios de base como FEDUBA confirmaron la medida de fuerza para los días 27 y 28 de agosto. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario respaldado por la Justicia y una recomposición salarial urgente.
Los docentes universitarios de todo el país volverán a protagonizar una medida de fuerza nacional con un paro de 48 horas convocado para los días jueves 27 y viernes 28 de agosto. La protesta, ratificada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y apoyada por sindicatos de base como la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), se enmarca en la profunda crisis que atraviesa el sistema de educación superior por el recortes de recursos y la pérdida del poder adquisitivo del sector.
El eje central del conflicto es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, norma ratificada por el Congreso de la Nación tras un veto presidencial. La falta de transferencia de los fondos contemplados en esta legislación afecta de manera directa el funcionamiento cotidiano de las instituciones, comprometiendo las partidas para gastos operativos, mantenimiento de programas académicos y sostén de becas estudiantiles para la permanencia de los alumnos.
El respaldo judicial de la ley
La medida de fuerza se desarrolla en un contexto de disputa legal. Las casas de estudio cuentan con una medida cautelar dictada en diciembre, confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo y ratificada el pasado 25 de junio por la Corte Suprema al rechazar el último recurso presentado por el Gobierno. Con este fallo, la ejecución quedó en manos del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Federal N° 11, quien ordenó avanzar con el cumplimiento de la recomposición salarial prevista por la ley.
A la falta de transferencias operativas se suma el deterioro salarial. Según las organizaciones gremiales, los incrementos de los últimos meses fueron fijados de manera unilateral, sin negociación paritaria formal. Los sindicatos estiman que el Gobierno adeudaría una recomposición salarial de entre 28,5% y 31,2% —más el retroactivo desde la entrada en vigencia de la norma— y señalan una pérdida del poder adquisitivo cercana al 30% desde diciembre de 2023, requiriendo un ajuste superior al 50% sobre los salarios actuales para recuperar los niveles de ese momento.
Sobre la gravedad de la situación y el carácter del reclamo, Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, expresó:
"Se cumplen 300 días desde que el Gobierno decidió no cumplir una ley sancionada por el Congreso. No estamos hablando de una diferencia de criterios ni de una discusión presupuestaria: estamos hablando de una obligación legal. El Gobierno no puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no. La Ley 27.795 está vigente y tiene que aplicarse".
Éxodo científico
La depreciación de los ingresos golpea con fuerza las dedicaciones simples y semiexclusivas, pero también impacta en los cargos de mayor dedicación. Esta situación ha generado alarma en la comunidad académica por la creciente migración de docentes e investigadores altamente calificados hacia el sector privado o hacia instituciones del exterior, lo que pone en riesgo la calidad de la enseñanza y el desarrollo científico del país.
El paro de 48 horas da continuidad a una serie de protestas que incluyó una huelga del 18 al 22 de agosto y el reclamo de sindicatos como la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) para mantener medidas por tiempo indeterminado. Además del paro, en los próximos días se instalarán "Carpas por la Universidad y la Soberanía" frente al Palacio Pizzurno y en distintos puntos del país. De no mediar respuestas formales sobre el presupuesto y los sueldos, los gremios advirtieron que las medidas de fuerza se profundizarán en las próximas semanas.
Los gremios denuncian una pérdida salarial cercana al 30 desde diciembre de 2023 y advierten sobre el éxodo de investigadores hacia el sector privado o el exterior ante la falta de respuestas presupuestarias.
