Declaran los efectivos que custodiaron el hotel clave en la investigación paralela
Testifican agentes de Prefectura y PFA sobre los movimientos en el establecimiento usado para desviar la búsqueda del menor.
En el marco de la 22ª audiencia correspondiente al juicio oral por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, la atención judicial y pública se concentra de manera excluyente en los testimonios brindados por efectivos de distintas fuerzas federales. Con desarrollo en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en la provincia de Corrientes, las citaciones de este jueves involucran a figuras clave que operaron tanto en el territorio de la localidad de 9 de Julio como en las líneas investigativas secundarias. Entre los nombres convocados se encuentran Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, todos pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA), sumados al suboficial Lucas Matías González, de la Policía Federal Argentina (PFA).
El eje central de las testimoniales de los tres agentes de la Prefectura radica en el riguroso trabajo de custodia que debieron desplegar durante varias semanas en el hotel "Despertar Iberá", situado en el epicentro de 9 de Julio. De acuerdo con los elementos reunidos a lo largo del voluminoso expediente, dicho establecimiento hotelero fue utilizado de manera sistemática por los diez implicados que hoy conforman la denominada "banda del hotel" para concretar maniobras de desvío y entorpecimiento deliberado de la investigación en sus etapas iniciales. Por tal motivo, los detalles finos acerca de quiénes ingresaban, qué horarios manejaban y cuáles eran los movimientos logísticos dentro y fuera del predio se convierten en piezas fundamentales para desarmar la trama de encubrimiento. En paralelo, la declaración del efectivo de la PFA aporta claridad sobre los allanamientos y operativos específicos que se desprendieron en causas conexas y paralelas al expediente principal.
Estas jornadas de debate oral continúan sacudiendo los cimientos del proceso judicial, especialmente tras lo ocurrido en la víspera, cuando la atención se desvió hacia la tercera declaración de Nicolás "El Americano" Soria. El imputado protagonizó un tenso y ríspido careo con el testigo Roberto Carlos Sotelo, quien actualmente se encuentra alojado y detenido en la Unidad Penitenciaria N°6 de San Cayetano cumpliendo condena por una causa vinculada al narcotráfico. Sotelo no dudó en apuntar directamente contra Soria, manifestando ante el tribunal que el autodenominado investigador se apersonó en su domicilio a bordo de un Ford Ka gris mientras él tomaba vino en la vereda. Según su relato, Soria se presentó bajo una falsa fachada investigativa para indagar sobre el paradero del niño desaparecido a mediados de 2024.
Lejos de limitarse a un intercambio formal de información, el vínculo entre ambos adoptó matices oscuros marcados por el consumo problemático y la connivencia económica. Sotelo confesó abiertamente ante los jueces que con Soria "solo nos drogábamos" y que el procesado le entregaba sumas de dinero en efectivo —oscilantes entre los 30 y 40 mil pesos— mediante transferencias bancarias con el único fin de que adquiera estupefacientes y accediera a conversar. El testigo reconoció haberle inventado pistas falsas y dicho "cualquier cosa con tal de sacarle plata para la droga", mientras el apodado "Yankee" insistía en interrogarlo bajo la coartada de que los fondos respondían a una supuesta investigación internacional proveniente de los Estados Unidos. Las audiencias prosiguen su curso bajo estrictas medidas de seguridad, buscando dilucidar las múltiples ramificaciones de un caso que mantiene en vilo a la sociedad correntina.
Todo esto se da luego de que la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, sobreseyera a los principales acusados por el presunto delito de trata, por lo que de quedar firme el pronunciamiento no podrían volver a ser investigado por ese delito. Actualmente se los juzga por ocultamiento y la pena que podrían recibir es más baja a la que -en abstracto- podrían ser pasibles por el otro ilícito. La gravedad escaló aún más ayer cuando reflotaron las denuncias por mal desempeña que tienen actualmente la funcionaria, entre ellas un expediente por contrabando donde un imputado habría señalado directamente a la entonces jueza como presunta receptora de mercadería ilegal, un dato que ya fue incorporado formalmente al Consejo. Sin embargo, uno de los cuestionamientos más políticos y resonantes efectuados apuntó al manejo estratégico que la magistrada habría hecho del caso Loan.
Instrumentalizar el drama
El referente gremial, Julio Piumato, sostuvo sin ambages que Pozzer Penzo instrumentalizó un drama de dimensiones nacionales e internacionales para utilizarlo burdamente como un escudo protector y un mecanismo dilatorio frente al avance inexorable de las denuncias disciplinarias que ya tramitaban en su contra en los estrados del Consejo de la Magistratura. Ante este escenario de extrema gravedad institucional, los denunciantes reclamaron enfáticamente que los consejeros rechacen los argumentos defensivos de la jueza y habiliten la apertura de un jury de enjuiciamiento.