El salario mínimo y una generación que queda fuera del trabajo formal

El fracaso de la reunión del Consejo del Salario no es solamente la constatación de una diferencia insalvable entre empresarios y sindicatos. Es, sobre todo, una señal preocupante sobre el funcionamiento de una herramienta que debería garantizar un piso de dignidad para quienes trabajan y, al mismo tiempo, una muestra de la creciente distancia entre las instituciones laborales y una realidad social que exige respuestas.

La CGT reclamó un salario mínimo de $911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $400.000. El actual Salario Mínimo Vital y Móvil es de $376.600. Sin acuerdo, será ahora el Gobierno nacional el que determine el nuevo valor mediante una resolución. El Consejo, concebido como un ámbito de diálogo entre trabajadores, empleadores, Estado y provincias, vuelve así a quedar relegado a un papel secundario.

Que el Estado fije por decreto el salario mínimo no es una cuestión meramente administrativa. Significa que una decisión que debería surgir de la negociación entre las partes termina siendo definida unilateralmente por el Poder Ejecutivo. Puede ser legal y necesaria ante la falta de acuerdo, pero políticamente expone el debilitamiento de un mecanismo pensado precisamente para construir consensos y proteger a quienes no cuentan con una paritaria que defienda sus ingresos.

Y aquí aparece el problema de fondo: ¿a quién protege realmente el salario mínimo cuando una parte cada vez mayor de los jóvenes ni siquiera consigue acceder a un empleo formal?

Los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA son contundentes. Apenas el 14,2% de los jóvenes de entre 18 y 25 años tiene un empleo formal. El 30,2% trabaja regularmente, pero dentro de ese universo el 16% lo hace en condiciones precarias. Otro 22,5% sobrevive mediante changas, trabajos eventuales o irregulares, mientras que el 36,6% permanece inactivo.

El dato más inquietante es que el 20,7% de los jóvenes no estudia ni trabaja. Son los llamados "NiNi". Pero tampoco se trata de una realidad distribuida de manera pareja: entre los jóvenes del nivel socioeconómico muy bajo alcanza al 34,2%, frente al 8,3% del estrato medio alto.

Por eso, discutir cuánto vale el salario mínimo es también discutir qué tipo de mercado laboral estamos construyendo. Si el Consejo del Salario deja de funcionar como espacio efectivo de negociación y los jóvenes ingresan al mundo laboral mediante la informalidad, las changas o directamente quedan fuera, el problema excede largamente una cifra mensual.

Un salario mínimo que no alcanza para vivir pierde su condición de protección. Pero un joven que ni siquiera logra ingresar a un empleo registrado queda todavía más lejos de esa protección. La precariedad laboral no solamente significa cobrar menos: implica no tener estabilidad, derechos, aportes ni posibilidades claras de proyectar un futuro.

El desafío, entonces, no debería reducirse a determinar un nuevo número por resolución. El debate pendiente es mucho más profundo: cómo recuperar el valor del salario, fortalecer la negociación colectiva y crear las condiciones para que una generación que hoy transita entre la informalidad, el desempleo y la inactividad pueda acceder a un trabajo formal y digno.

Frente a esta realidad, cuando el Consejo del Salario deja de acordar y el Gobierno termina fijando por sí solo el piso salarial, no solamente se define un monto, también queda expuesto cuánto se ha debilitado la capacidad de la sociedad para construir, mediante el diálogo, un horizonte laboral que incluya a sus jóvenes.