Solicitan recusar a juez del caso Loan por presunta parcialidad y maltrato

El debate oral por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña atraviesa momentos de máxima tensión institucional luego de que la defensa oficial de Antonio Benítez, uno de los siete principales acusados, solicitara formalmente la recusación del juez Fermín Amado Ceroleni, presidente del Tribunal Federal de Corrientes, invocando un "temor certero y fundado de parcialidad". El planteo, contenido en un escrito de 26 páginas presentado por el abogado Enzo Di Tella, expone una "situación reiterada y no aislada" dentro de las audiencias que afectaría de manera directa las garantías constitucionales del proceso.

Según argumentó el letrado, a lo largo de las audiencias se registraron interrupciones sistemáticas durante los interrogatorios, llamados de atención severos, restricciones arbitrarias para profundizar en las respuestas de los testigos y disparidad de criterios frente a objeciones similares formuladas por las partes. Para el defensor, estas intervenciones no solo limitaron el rol de las defensas y de la fiscalía, sino que evidenciaron por parte del Tribunal una marcada preocupación por acelerar los tiempos procesales bajo el pretexto de que "la sociedad espera una respuesta".

Frente a este argumento, Di Tella retrucó que la función jurisdiccional no consiste en proporcionar una condena apresurada para satisfacer expectativas sociales, sino en impartir justicia imparcial, recordando que una respuesta legítima también puede ser absolutoria si la acusación no logra destruir el estado de inocencia.

En su presentación, el abogado citó como ejemplo crítico el testimonio de Fabio Pirrone, a quien intentó formularle diversas preguntas antes de ser interrumpido de mala manera por el magistrado, quien le habría levantado la voz y exigido un trato diferente bajo la acusación infundada de "hostigar" al testigo. Ante los señalamientos que pretendieron catalogar su postura como un intento de entorpecer el debate, el defensor fue categórico: "Comparezco en cumplimiento de una función constitucional: ejercer eficazmente la defensa de Antonio Benítez", subrayando que su objetivo es lograr un fallo basado estrictamente en la producción probatoria y no condicionado por la presión mediática o social.

En paralelo, el entramado judicial en torno a las maniobras de encubrimiento sumó nuevas complicaciones para Nicolás Soria, alias "el Americano", tras las declaraciones brindadas por tres integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y un efectivo de la Policía Federal (PFA). Los agentes, encargados de custodiar el hotel Despertar Iberá en la localidad de 9 de Julio -donde se alojaba la denominada "Banda del hotel"-, coincidieron en señalar que Soria se presentaba falsamente como miembro de la DEA y de Interpol. Según el testimonio del prefecto Natanael Escobar, al solicitarle identificación, el imputado le advirtió que nadie, ni siquiera la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, podía exigirle documentos porque respondía a una jerarquía superior, alternando en su trato inicial entre el inglés y un perfecto español.

Estos testimonios refuerzan la hipótesis fiscal de que el grupo liderado por Soria, camuflado bajo la fachada de la Fundación Lucio Dupuy, se instaló en Corrientes pocos días después de la desaparición del menor con el único propósito de desviar el curso de la investigación.

Mientras el Tribunal evalúa estas declaraciones junto al resto de las pruebas documentales y testimoniales, el cronograma de audiencias continuará la próxima semana con la comparecencia de nuevos efectivos de las fuerzas federales para esclarecer los oscuros movimientos registrados durante los primeros y cruciales días posteriores al hecho que conmociona al país desde mediados de 2024, sin que hasta el momento se tengan novedades de su paradero.

Recientemente la jueza de Goya dictó el sobreseimiento de los principales acusados  por el delito de trata de personas, quedando solo la imputación por ocultamiento por la que están siendo juzgados y cuya pena es inferior a la otra tipificación delictiva mucho más grave.

Sobreseimientos  

  La jueza Pozzer Penzo dictó el sobreseimiento de ocho acusados por el delito de trata de personas (incluyendo a los principales imputados del caso Loan) al concluir que, tras la producción de numerosas medidas de prueba a lo largo de la investigación, no se recolectaron elementos sólidos ni el grado de certeza necesario que permitieran sostener dicha hipótesis de explotación. La magistrada determinó que las distintas líneas ligadas a una red de trata, crimen organizado o pistas de captación internacional se diluyeron sin sustento fáctico. No obstante, el fiscal aseguró que apelará.