Loan: rechazan la recusación del juez Fermín Amado Ceroleni en el juicio  

  El Tribunal Oral Federal de Corrientes emitió una resolución categórica mediante la cual resolvió rechazar de plano la recusación interpuesta contra el juez Fermín Amado Ceroleni, garantizando de este modo que el magistrado continúe presidiendo sin interrupciones el debate oral y público que investiga la sustracción y el ocultamiento del pequeño Loan Danilo Peña, un caso que mantiene en vilo a la sociedad desde hace más de dos años. La solicitud formal de apartamiento había sido presentada el pasado 28 de agosto por el abogado Enzo Di Tella, quien ejerce la defensa oficial de Antonio Benítez, uno de los siete principales acusados que se sientan en el banquillo de los imputados. Según los argumentos expuestos en el escrito de veintiséis páginas facilitado por fuentes judiciales, el letrado fundamentó su pedido en la existencia de un supuesto "temor fundado de parcialidad" por parte de la presidencia del tribunal durante las audiencias del juicio.

En el extenso documento técnico, Di Tella pormenorizó una serie de episodios que calificó como una "situación reiterada y no aislada", señalando que se registraron constantes interrupciones durante los interrogatorios a los testigos, llamados de atención discrecionales, restricciones severas para profundizar en respuestas clave, aplicación de criterios disímiles ante objeciones sustancialmente similares y modificaciones unilaterales en las reglas procesales relativas a la incorporación de hechos nuevos. Para la defensa, estas intervenciones habrían limitado de manera sistemática y gravosa el rol constitucional tanto de los abogados defensores como de los representantes del ministerio público fiscal, advirtiéndose a la par una marcada preocupación del Tribunal por la duración temporal del debate, priorizando la celeridad por sobre el descubrimiento de la verdad material. Frente a los cuestionamientos que se le formularon por presuntamente obstaculizar el normal desarrollo del juicio, el defensor oficial retrucó firmemente que comparece a las audiencias en estricto cumplimiento de una función constitucional: asegurar una defensa técnica, eficaz y plena para Antonio Benítez.

Entre los ejemplos citados para ilustrar el supuesto trato hostil, el asesor legal trajo a colación el testimonio de Fabio Pirrone, a quien intentó formular una serie de preguntas específicas que fueron interrumpidas abruptamente por el presidente del cuerpo colegiado. Según el relato del defensor, Ceroleni le habría exigido de mala manera que desistiera del interrogatorio bajo el argumento de que debía valorarlo en los alegatos finales, elevando el tono de voz al punto de obligarlo a solicitarle un respeto formal y un mejor trato durante la audiencia. Asimismo, el letrado denunció haber sido culpado de manera injusta por hostigar a testigos, criticando los modos y las formas empleadas por el magistrado. En otro orden de ideas, el escrito cuestionó la invocación recurrente a que "la sociedad espera una respuesta", retrucando que la función jurisdiccional no consiste en satisfacer una expectativa social a cualquier precio ni tiene la potestad de exigir condenas automáticas, recordando que una sentencia legítima puede ser absolutoria si la acusación fiscal no logra destruir el estado constitucional de inocencia que ampara a los imputados.

Al dar respuesta al planteo recusatorio, a la cual este medio tuvo acceso exclusivo, el Tribunal desestimó enfáticamente los agravios de la defensa al consignar que durante la dirección del debate jamás se incurrió en situaciones de hostilidad, animosidad ni en tratos deferenciales que favorecieran de manera indebida a ninguna de las partes intervinientes en el proceso. Los integrantes del cuerpo colegiado defendieron su rol ordenador y señalaron que las medidas adoptadas se encuadran estrictamente en las facultades de policía de las audiencias para evitar dilaciones innecesarias. Con este resolutorio firme, el juicio oral y público continúa su curso procesal sin mayores sobresaltos institucionales con los implicados de ocultamiento y encubrimiento en el banquillo.