Régimen penal juvenil: el desafío empieza ahora
En la actualidad son cuatro los adolescentes alojados en el Centro de Contención Juvenil y no existiría un volumen significativo de menores involucrados en delitos graves.
La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil abre en Corrientes una etapa que exigirá mucho más que la aplicación de una ley. Desde hoy, adolescentes a partir de los 14 años quedan alcanzados por un sistema que modifica competencias y procedimientos y, fundamentalmente, obliga al Estado a construir una respuesta específica frente a quienes cometen delitos sin trasladar automáticamente las lógicas del régimen penal de adultos.
La discusión sobre la edad de imputabilidad suele quedar atrapada entre posiciones extremas. Por un lado, quienes consideran que reducirla constituye por sí sola una respuesta frente a la inseguridad; por otro, quienes advierten que el endurecimiento penal no resuelve las condiciones sociales que atraviesan muchos adolescentes. El nuevo escenario obliga a superar esa simplificación. Un joven que comete un delito debe responder por sus actos dentro de los límites que establece la legislación, pero esa responsabilidad no exime al Estado de garantizar derechos ni convierte al encierro en la única herramienta disponible.
Allí aparece uno de los aspectos centrales de la implementación en Corrientes. La privación de la libertad deberá ser excepcional y reservarse para los hechos de mayor gravedad. El régimen incorpora alternativas como tareas comunitarias, mecanismos de reparación y otras medidas que buscan intervenir sobre el conflicto sin recurrir necesariamente al encierro. No significa minimizar un delito ni desconocer a las víctimas, por el contrario, supone procurar respuestas proporcionales capaces de combinar responsabilidad, reparación y posibilidades reales de reinserción.
El desafío estará en trasladar esos principios a la práctica. La coordinación entre Justicia, Ministerio Público, Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Seguridad, Salud, Educación y municipios será indispensable. También resulta razonable que la implementación sea progresiva, pero esa gradualidad no debería transformarse en una justificación para postergar recursos, capacitación o infraestructura que la propia norma exige.
La situación del interior provincial merece particular atención. Si un adolescente no puede permanecer detenido en una comisaría y tampoco existen establecimientos especializados en muchas localidades, el Estado deberá ofrecer alternativas concretas. No alcanza con establecer derechos y procedimientos si luego faltan profesionales, espacios apropiados o dispositivos de acompañamiento para cumplirlos. La desigual disponibilidad de recursos entre la Capital y el interior podría convertirse en una de las primeras dificultades del nuevo sistema.
También será necesario avanzar hacia la especialización judicial. Que inicialmente sean los jueces de familia quienes asuman la competencia puede resolver la transición, pero el objetivo de contar con magistrados y equipos específicamente preparados para la Justicia penal juvenil debería concretarse. Se trata de un ámbito donde cada decisión puede tener consecuencias decisivas sobre adolescentes que todavía atraviesan una etapa de formación.
Corrientes cuenta ahora con un marco jurídico que pretende diferenciar claramente la Justicia juvenil de la destinada a los adultos. Su verdadero valor, sin embargo, no se medirá por la cantidad de adolescentes procesados o privados de su libertad, sino por la capacidad de responder ante el delito, proteger a las víctimas y evitar reincidencias sin renunciar a la posibilidad de recuperación.
La ley establece el punto de partida. Desde ahora la responsabilidad será de las instituciones encargadas de convertir sus principios en políticas efectivas. Porque frente al delito juvenil hacen falta límites y consecuencias, pero también prevención, especialización y oportunidades. El equilibrio entre esas dimensiones será, finalmente, la verdadera medida del nuevo sistema.