"Se necesitaba una orden judicial"

La fiscal de turno Sonia Meza cuestionó duramente la forma en que se concretó la aprehensión de dos hombres vinculados al violento asalto sufrido por un estudiante de 16 años en el barrio San Benito de la capital provincial, un suceso que generó profunda preocupación en el vecindario debido al incremento de la inseguridad urbana y a la vulnerabilidad de los jóvenes en la vía pública. En declaraciones exclusivas concedidas a los medios locales durante la mañana, la funcionaria judicial explicó detalladamente que tomó conocimiento del caso a primera hora y solicitó de inmediato el relevamiento integral de cámaras de seguridad tanto privadas como públicas para dar con los autores materiales e intelectuales del hecho ilícito. Sin embargo, advirtió con evidente malestar que recién bien entrada la noche fue informada de manera oficial sobre la retención de los sospechosos, señalando con énfasis que la medida se caratuló inicialmente de manera errónea como una simple contravención policial y no bajo el marco estricto y formal de una detención en situación de flagrancia, lo que alteró radicalmente los carriles legales correspondientes.

  "El hecho ocurrió a primeras horas de la mañana y la aprehensión se produjo muchísimas horas después, por lo que se requería indefectiblemente una orden judicial previa emitida por un juez competente para proceder de esa manera", enfatizó Meza con absoluta firmeza ante los micrófonos. La fiscal aclaró ante la prensa que permanece a la entera espera de que las fuerzas de seguridad presenten las evidencias materiales y testimoniales concretas que vinculen fehacientemente a los demorados con el brutal ataque perpetrado con un arma blanca, reiterando de forma categórica que la fiscalía a su cargo no puede bajo ningún punto de vista convalidar medidas restrictivas de la libertad sin fundamentos sólidos y objetivos que respalden la sospecha razonable exigida por la legislación vigente, los tratados internacionales y los protocolos constitucionales que protegen las garantías ciudadanas básicas de cualquier habitante de la provincia.

  El análisis pormenorizado y crítico de la funcionaria pone de relieve las tensiones cotidianas y los desencuentros históricos que existen frecuentemente entre los tiempos operativos de las fuerzas policiales preventivas y las exigencias formales e impostergables que imponen los códigos procesales modernos para evitar arbitrariedades, abusos de poder y la privación ilegítima de la libertad individual. La falta de comunicación fluida, transparente y oportuna en las primeras horas críticas de la investigación obligó a la fiscalía a exigir estándares de prueba mucho más elevados antes de formalizar cualquier imputación formal que comprometa judicialmente a los ciudadanos demorados.