Empleo: la deuda pendiente 

El empleo formal vuelve a encender una señal de alarma en Corrientes. Detrás de los casi 4.800 puestos de trabajo privados perdidos en 14 meses hay otras tantas historias de familias que vieron reducirse sus ingresos, de empresas que dejaron de contratar, de jóvenes con menos oportunidades y de trabajadores que regresaron a la incertidumbre después de haber conseguido un empleo registrado.

El dato adquiere especial gravedad porque Corrientes había logrado, durante 2024 y comienzos de 2025, recuperar el terreno perdido en los primeros meses de la actual gestión nacional. En abril del año pasado la provincia había llegado a unos 80.600 asalariados privados registrados, incluso 0,6% por encima del nivel de noviembre de 2023. Esa recuperación no logró sostenerse. Desde entonces, la curva se invirtió; el empleo formal comenzó a retroceder con una velocidad que coloca a Corrientes entre las jurisdicciones más afectadas.

La comparación nacional permite dimensionar el problema. En los últimos 13 meses Corrientes perdió 4.648 empleos privados registrados, una caída del 5,8%, mientras que el promedio argentino fue de 2,3%. Es decir, el deterioro provincial fue más de dos veces superior al nacional. Corrientes quedó cuarta entre las provincias con mayor retroceso porcentual, detrás de Tierra del Fuego, Misiones y Chubut.

La cuestión central es qué está ocurriendo con la estructura productiva correntina y qué posibilidades existen de revertir la tendencia. La provincia necesita empleo privado genuino y estable, porque el trabajo registrado no solo representa un salario: también significa aportes, cobertura, previsibilidad, consumo y una familia con mayor capacidad para proyectar su futuro.

Los números nacionales tampoco permiten pensar que se trate de una dificultad exclusivamente local. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 246.000 empleos asalariados privados registrados en el país. La industria manufacturera, la construcción y la explotación de minas y canteras aparecen entre las actividades más golpeadas. Sin embargo, que exista un problema nacional no debería convertirlo en una explicación suficiente para Corrientes. Obliga a mirar con mayor atención cuáles son las condiciones particulares que hacen que el impacto sea más intenso en esta provincia.

Corrientes tiene una economía con sectores productivos importantes, pero también enfrenta históricas limitaciones de infraestructura, logística, conectividad y acceso a mercados que condicionan la generación de valor y empleo. En ese contexto, una política económica que contrae la actividad tiene consecuencias sensibles. Cuando una industria reduce turnos, una empresa deja de incorporar personal o un comercio cierra, las alternativas para absorber esos trabajadores no son las mismas que en los grandes centros urbanos.

Por eso, el debate sobre el empleo debería ocupar un lugar central en la agenda pública provincial. No alcanza con esperar que una eventual mejora de la economía nacional derrame automáticamente sobre Corrientes. Hace falta construir condiciones para producir, invertir y contratar. Acompañar a las pequeñas y medianas empresas y defender las actividades que generan empleo en el territorio.

La provincia tampoco puede desentenderse de las consecuencias sociales del retroceso. Menos empleo registrado implica, en muchos casos, mayor informalidad y menor capacidad de consumo. A su vez, cuando se deteriora el mercado laboral aumentan las dificultades para acceder a una vivienda, sostener estudios, afrontar alquileres y cubrir gastos cotidianos. El problema, entonces, excede al trabajador que pierde su puesto e impacta en toda la comunidad.

El desafío para Corrientes es evitar que esta nueva etapa contractiva se transforme en una tendencia prolongada. La recuperación que se había alcanzado demuestra que es posible ampliar el empleo formal, pero la caída posterior muestra también que esos avances pueden perderse rápidamente cuando las condiciones económicas se vuelven adversas.