Causa Lazcano: recusan a fiscal y la querella apelará la domiciliaria

La querella que representa a los familiares de Cecilia Lazcano materializó este viernes una jugada jurídica contundente al interponer formalmente un pedido de recusación contra el fiscal Facundo Cabral ante la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Santo Tomé.

El planteo legal fue radicado bajo el argumento central de percibir un fundado temor de parcialidad y una ostensible inacción en la directriz investigativa destinada a esclarecer los hechos y alcanzar la verdad material. Juan Saucedo, el letrado que encabeza la defensa de la familia damnificada, estructuró los fundamentos de la recusación denunciando una cadena de irregularidades procesales, las cuales abarcan desde la postergación deliberada de pericias fundamentales hasta la inercia institucional frente a diligencias clave solicitadas oportunamente.

En la misma línea argumental, el representante legal exteriorizó su profunda indignación ante las filtraciones recurrentes de información sumarial sumamente delicada, que trascendía hacia los medios de comunicación antes de ser comunicada formalmente a los estrados de la querella. Como ejemplo paradigmático de esta situación irregular, el abogado mencionó la difusión mediática de los análisis toxicológicos preliminares que determinaron la presencia de midazolam en los tejidos de la víctima, un dato técnico que jamás les fue notificado en tiempo y forma. Del mismo modo, Saucedo cuestionó la negativa o el absoluto desinterés de la fiscalía por convocar a declarar a una testigo clave, cuyos aportes habrían permitido abrir nuevas líneas de investigación orientadas a determinar la presunta participación de una tercera persona en el suceso luctuoso.

Paralelamente a la embestida contra el fiscal instructor, la estrategia de la querella contempló la activación de nuevos mecanismos recursivos para frenar los beneficios concedidos a la sospechosa. En este sentido, el doctor Saucedo confirmó que presentará formalmente un recurso de apelación destinado a revocar la resolución dictada por el Tribunal de Revisión, el cual ratificó la continuidad del arresto domiciliario para la menor imputada. Para la parte acusadora, cumplir una medida cautelar de esta naturaleza bajo la tutela y el resguardo materno constituye una decisión garantista que ignora por completo los derechos de la víctima y desestima los peligros procesales latentes.

El letrado hizo hincapié en que la adolescente señalada como autora conserva un nivel de conectividad inadmisible para una persona sujeta a proceso, operando libremente con dispositivos electrónicos, computadoras y acceso a redes de internet que pondrían en riesgo el éxito de las pesquisas. "¿Y Cecilia qué? Le quitaron la vida a una joven con proyectos; la única garantía válida para impedir la obstaculización de la Justicia es su alojamiento inmediato en un instituto de menores", sentenció con firmeza el profesional del derecho. Finalmente, la representación querellante apeló a la solidaridad y colaboración de la ciudadanía de Alvear para alertar sobre cualquier violación al régimen domiciliario, al tiempo que exigió la inhibitoria de la fiscalía local y la remisión de la causa a un organismo judicial totalmente desvinculado de los mandos policiales de la zona.