La vivienda, una deuda que también se construye sobre la tierra
El déficit habitacional argentino tiene una dimensión que obliga a dejar de considerarlo un problema sectorial. Un nuevo estudio determinó que el 40,67% de los hogares del país presenta alguna carencia vinculada con la vivienda. Son 6,4 millones de hogares y, aunque unos 687.000 necesitan directamente una casa nueva, para la mayoría el problema se expresa en hacinamiento, precariedad constructiva o falta de servicios esenciales.
Los números nacionales describen también una profunda desigualdad territorial. Mientras la Ciudad de Buenos Aires registra los indicadores más favorables, provincias del norte como Santiago del Estero, Chaco y Formosa superan el 55% de hogares con algún déficit. La región vuelve así a ocupar el lado más desfavorable de una brecha que se reproduce en ingresos, infraestructura y oportunidades.
Corrientes no puede observar esta realidad como un fenómeno ajeno. Aquí el problema habitacional se manifiesta tanto en las familias que esperan durante años acceder a una vivienda social como en aquellas que construyeron sus casas sobre terrenos cuya situación dominial continúa sin resolverse.
Y existe una cuestión anterior a la vivienda: el suelo. Sin tierra disponible y urbanizada difícilmente pueda existir una política habitacional sostenida.
La ciudad de Corrientes cuenta desde 2013 con una ordenanza que creó el Banco Municipal de Tierras. Sin embargo, transcurridos casi trece años, corresponde preguntarse cuál ha sido su incidencia efectiva para facilitar el acceso al suelo de familias que no pueden adquirir un lote en el mercado.
El interrogante adquiere mayor relevancia frente a las discusiones por la utilización de tierras públicas. Organizaciones vecinales cuestionaron recientemente que el Estado pueda disponer de importantes superficies para instituciones deportivas mientras numerosas familias continúan reclamando terrenos para vivir. El planteo no debería conducir a enfrentar el derecho al deporte con el derecho a la vivienda. Ambos son legítimos. Lo que exige es transparentar criterios y establecer prioridades dentro de una planificación urbana integral.
Casos como La Tosquera y Punta Taitalo muestran otra dimensión del mismo problema. En el primero persisten reclamos de familias asentadas en terrenos administrados por el Fideicomiso Santa Catalina, mientras que el propio Concejo Deliberante solicitó este año información sobre los inmuebles que lo integran, su ocupación, adjudicación y afectación. En Punta Taitalo, vecinos y pequeños productores con años de arraigo buscan abrir una instancia de diálogo con el Gobierno provincial ante las controversias judiciales sobre las tierras que ocupan.
Regularizar no significa convalidar automáticamente cualquier ocupación ni desconocer derechos de propiedad. Significa que el Estado debe estudiar cada situación, identificar a quienes efectivamente habitan los lugares, determinar qué terrenos pueden urbanizarse y encontrar soluciones legales donde sean posibles. También implica impedir nuevas ocupaciones irregulares, porque permitir que el problema continúe creciendo tampoco constituye una política social.
Argentina necesita construir viviendas, pero los datos demuestran que eso ya no alcanza. Una casa digna supone agua potable, cloacas, energía, materiales adecuados, seguridad sobre la tenencia y acceso razonable a los servicios urbanos.
Para Corrientes el desafío requiere además recuperar una política activa sobre la tierra. Saber qué suelo público existe, quién lo administra, qué destino tiene y bajo qué condiciones se adjudica debería ser información accesible para toda la sociedad.
La vivienda no puede depender solamente de programas que avanzan cuando existen recursos y se paralizan cuando estos escasean. Tampoco el suelo público puede gestionarse respondiendo únicamente a demandas coyunturales.
Frente a un déficit habitacional de semejante magnitud, la respuesta exige planificación, transparencia y continuidad. Pero, sobre todo, exige asumir que disponer de un lugar digno donde vivir no es un problema privado de quienes no lograron acceder al mercado.