Punta Taitalo: familias en alerta por juicio y amenaza de desalojo del Gobierno
Vecinos y pequeños productores del barrio capitalino, respaldados por el Foro de Organizaciones Vecinales, impulsarán un censo socioeconómico para solicitar la regularización dominial y frenar el avance de las acciones promovidas por el Estado.
La incertidumbre sobre el derecho a la tierra y el techo propio volvió a instalarse en la periferia capitalina, ya que habitantes del barrio Punta Taitalo mantuvieron días atrás un tenso encuentro con referentes del Foro de Organizaciones Vecinales tras la alarma generada por las demandas judiciales de reivindicación que inició el Estado de la provincia de Corrientes contra alrededor de 70 familias que residen y trabajan en la zona desde hace décadas. Lejos de un perfil confrontativo, la comunidad expresó su firme intención de convocar a las autoridades provinciales a una instancia de diálogo que garantice una solución definitiva y la regularización dominial de sus terrenos.
La situación trasluce una paradoja institucional: el sector no solo alberga a unidades habitacionales consolidadas, sino también a un entramado de pequeños productores que en diversos momentos recibieron asistencia oficial y herramientas del propio Estado para el desarrollo de sus actividades agrícolas. Asimismo, la presencia estatal en el área queda en evidencia a través de la infraestructura básica existente, ya que numerosos inmuebles cuentan con conexiones formales de energía eléctrica, facturación domiciliaria a nombre de los titulares e intervenciones previas de organismos públicos.
Frente a este escenario, los vecinos articularon una estrategia comunitaria para fundamentar la legitimidad de su permanencia. En los próximos días iniciarán un censo socioeconómico y familiar independiente con el fin de mapear de manera detallada a quienes residen y producen en el sector. Este relevamiento recopilará datos sobre antigüedad, composición de los hogares, condiciones habitacionales y productivas, sumado a la documentación que acredite las décadas de ocupación. La información recabada constituirá el insumo técnico central que elevarán al Gobierno provincial para fundamentar la apertura de una mesa de trabajo conjunta.
En paralelo, desde el Foro de Organizaciones Vecinales evalúan acudir al ámbito legislativo para explorar herramientas normativas que viabilicen la expropiación o regularización dominial en los sectores donde resulte técnica y legalmente viable. La meta compartida es evitar el despojo y avanzar hacia un proceso integral de urbanización que otorgue seguridad jurídica no solo a los actuales ocupantes, sino también a las futuras generaciones de la zona.
Según los testimonios recogidos por el Foro, un operativo policial se realizó el domingo 30 de agosto y habría afectado a familias con niños y personas con discapacidad. Desde la organización vecinal sostuvieron que el conflicto no puede canalizarse por vías punitivas o desconociendo la historia de asentamiento de la comunidad. En ese sentido, remarcaron la necesidad de que las autoridades asuman la complejidad social de la zona: "Estas familias no están pidiendo que el Estado mire para otro lado. Están pidiendo que el Estado mire la realidad: hay hogares, hay productores, hay trabajo y hay décadas de arraigo. Lo que buscan es sentarse a dialogar y encontrar una solución que les permita vivir y producir con tranquilidad".
Las familias buscan sentarse a dialogar y encontrar una solución que les permita vivir y producir con tranquilidad.