Discapacidad, universidades e INTA, tres frentes de una misma discusión
Mientras el Congreso analiza las partidas previstas, los distintos sectores advierten sobre el impacto que tendrán los recursos asignados en prestaciones, educación, investigación y empleo
En discapacidad, Natalia Rodríguez advirtió sobre el impacto que las modificaciones pueden tener en las familias y sostuvo que "hay muchísimas familias que se han endeudado por tratamientos, por acceso a tratamientos". El sector reclama la prórroga de la emergencia hasta diciembre de 2027 y la continuidad del esquema de prestaciones. En las universidades, el proyecto oficial contempla $7,3 billones para 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula que se necesitan alrededor de $11 billones. En el INTA, el presupuesto proyectado baja de $360.124 millones en 2026 a $315.538 millones para 2027 y contempla 6.308 cargos frente a los 7.145 previstos para este año.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso abrió tres discusiones que atraviesan áreas sensibles del Estado: el financiamiento de las políticas de discapacidad, los recursos destinados a las universidades públicas y el presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Aunque se trata de sectores con funciones diferentes, los reclamos tienen un punto en común: qué recursos tendrán en 2027 y qué impacto tendrán las decisiones presupuestarias sobre las personas, las instituciones y los servicios que dependen de ellos.
En discapacidad, el debate ya llegó al Congreso. La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados realizó el 16 de septiembre una reunión conjunta con Presupuesto y Hacienda, con la participación de organizaciones, prestadores, transportistas, centros y hogares de día. El sector reclama la extensión de la emergencia nacional hasta diciembre de 2027 y advierte sobre las consecuencias que podría tener una modificación del sistema de prestaciones, pensiones y aranceles.
Natalia Rodríguez, referente de Discapacitados en Lucha, participó de ese reclamo y sostuvo que la discusión excede una cifra dentro del Presupuesto. "La ley 24.901 es la que da la obligatoriedad a la salud, a la educación y a cualquier prestación de las personas con discapacidad", señaló.
Para Rodríguez, detrás de las modificaciones en discusión aparecen situaciones concretas que atraviesan a las familias. "Hay muchísimas familias que se han endeudado por tratamientos, por acceso a tratamientos", afirmó. También puso el foco en las tareas de cuidado y en el peso que recaen sobre los hogares cuando las prestaciones no alcanzan.
La referente también cuestionó los posibles cambios en el régimen de pensiones y advirtió que el conflicto no termina en el Congreso. "Es un movimiento que realmente ha demostrado que tiene muchísima fuerza y muchísima posibilidad de voltear algo", sostuvo al referirse a las movilizaciones del colectivo.
En paralelo, las universidades públicas enfrentan su propia disputa presupuestaria. El proyecto oficial contempla $7,3 billones para las casas de altos estudios durante 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que el sistema necesita alrededor de $11 billones para garantizar su funcionamiento y contempla además el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La diferencia no es menor: separa la previsión oficial de la cifra reclamada por los rectores y vuelve a colocar en el centro de la discusión los salarios, los gastos de funcionamiento y las obligaciones establecidas por la legislación vigente. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, sintetizó la preocupación del sistema universitario: "Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene".
El Gobierno, en cambio, sostiene que los recursos previstos permiten garantizar el funcionamiento de las universidades y considera que el cálculo de los rectores incorpora componentes que exceden lo establecido por la medida cautelar judicial vigente. Así, el conflicto combina una discusión presupuestaria con otra de carácter jurídico sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El tercer frente aparece en el campo y tiene como protagonista al INTA. Según las planillas del proyecto de Presupuesto, el organismo tendría asignados $315.538 millones en 2027, frente a los $360.124 millones previstos para 2026. La diferencia representa una reducción nominal de $44.586 millones y, al considerar la inflación, supone una disminución mayor en términos reales.