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Una red para sostener la vida

Si el 2025 registró la mayor cantidad de muertes por suicidio de los últimos nueve años y la tasa nacional alcanzó niveles inéditos, la respuesta no puede limitarse a campañas ocasionales ni concentrarse solamente en fechas de concientización. La prevención necesita continuidad, recursos y presencia territorial.

El suicidio dejó hace tiempo de ser una problemática que pueda permanecer confinada al ámbito privado. Detrás de cada muerte y de cada intento hay una persona que atravesó un sufrimiento extremo, pero también una familia, amigos y una comunidad que quedan profundamente afectados. Los datos nacionales encienden una alarma que en Corrientes encuentra, además, señales concretas y dolorosas. Frente a esta realidad, la Iglesia católica provincial decidió asumir un compromiso que merece ser destacado: sacar el problema del silencio, hablar de él responsablemente y promover redes de prevención y acompañamiento.

Las iniciativas desarrolladas en los últimos días por el arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain, y el obispo de Goya, Adolfo Ramón Canecín, coinciden en un principio fundamental: ninguna institución puede enfrentar sola un fenómeno de semejante complejidad.

En Capital, Larregain reunió en torno a la Catedral a organizaciones religiosas y sociales que trabajan con personas atravesadas por consumos problemáticos, situaciones de vulnerabilidad y sufrimiento. Su mensaje puso el acento en algo tan elemental como difícil en una sociedad atravesada por urgencias: aprender a mirar y escuchar al otro.

Pero quizá uno de los aspectos más importantes de su intervención haya sido establecer con claridad los límites del acompañamiento pastoral. La fe, sostuvo, no reemplaza la atención psicológica o médica cuando resulta necesaria. Esa afirmación evita un error peligroso: pensar que una problemática de salud mental puede resolverse exclusivamente mediante la voluntad, los afectos o las creencias religiosas. La contención comunitaria es imprescindible, pero debe funcionar también como puente hacia profesionales y servicios especializados.

En Mercedes, mientras tanto, la preocupación adquiere una dimensión particularmente concreta. Allí, bajo la convocatoria del obispo de Goya, monseñor Canecín, representantes de parroquias, escuelas, profesionales y funcionarios judiciales comenzaron a articular respuestas frente a los casos registrados en el departamento. La experiencia de la Casa de Día San Luis Gonzaga resulta elocuente: actualmente acompaña a 72 personas que atravesaron intentos de suicidio y a sus familiares, con intervención de psiquiatras, psicólogos y agentes de escucha. Son 72 historias que obligan a comprender la magnitud del problema mucho más allá de cualquier estadística.

La frase elegida por Canecín sintetiza adecuadamente el desafío: "Lo que afecta a todos debe ser tratado por todos". No significa diluir responsabilidades. El Estado conserva una obligación indelegable de garantizar políticas públicas de salud mental, profesionales suficientes, dispositivos de atención accesibles y estrategias permanentes de prevención. Las escuelas tienen un papel; también las familias, los municipios, las organizaciones comunitarias, los medios de comunicación y las instituciones religiosas, pero cada uno debe actuar desde su competencia y, fundamentalmente, de manera articulada.

Corrientes está mostrando que existen organizaciones dispuestas a involucrarse. La Iglesia, por su extensa inserción comunitaria, especialmente en barrios y localidades del interior, puede cumplir una función relevante para detectar situaciones de aislamiento, acercarse a familias y facilitar el acceso a ayuda profesional. No como sustituto del sistema sanitario, sino como parte de una red mucho mayor.

Que dos diócesis correntinas hayan colocado simultáneamente esta problemática entre sus preocupaciones pastorales es una señal de la gravedad que ha adquirido, pero también de una decisión de involucrarse. Ahora el desafío es transformar esa preocupación en una red estable que integre a instituciones religiosas, Estado, escuelas, profesionales y organizaciones sociales.