Renunció el juez que preside el juicio por el caso Loan y se abre un frente crisis
Fermín Amado Ceroleni dejará el Tribunal Federal de Juicio de Corrientes el 1 de diciembre. El Ejecutivo nacional oficializó su salida.
El escenario judicial en torno a la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña dio un giro inesperado este martes al confirmarse la renuncia del juez Fermín Amado Ceroleni, quien encabeza el Tribunal Federal de Juicio de Corrientes a cargo del histórico debate. La dimisión del magistrado fue aceptada oficialmente por el Gobierno nacional a través del Decreto 1066/2026, rubricado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con fecha del 21 de septiembre y publicación en el Boletín Oficial. Su salida formal del estrado se efectivizará a partir del próximo 1 de diciembre de 2026.
La noticia se conoció en medio de un proceso complejo y cuestionado. Cabe recordar que el pasado 28 de agosto, la defensa de Antonio Benítez, uno de los siete imputados principales en la causa, había interpuesto un formal pedido de apartamiento contra Ceroleni bajo el argumento de un supuesto temor de parcialidad. No obstante, el Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó el planteo y resolvió que el juez continuara al frente del tribunal, al sostener en su resolución que no existían elementos fácticos que demostraran hostilidad, animosidad ni trato favorable hacia ninguna de las partes intervinientes en el debate.
La salida de Ceroleni no fue un hecho aislado dentro de la administración de justicia federal. El Ejecutivo nacional oficializó de manera simultánea la aceptación de otras dos renuncias de magistrados pertenecientes a la Capital Federal mediante decretos consecutivos. Por un lado, a través del Decreto 1065/2026, se aceptó la dimisión de Martín Sebastián Peluso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9, quien dejará su funciones el 11 de octubre de 2026 y quien hasta hace pocos meses integraba el Tribunal de Disciplina de la AFA. Por el otro, el Decreto 1067/2026 formalizó la salida de Laura Cristina Castagnino al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 4, efectiva desde el 1 de noviembre de 2026.
Paralelamente, el desarrollo de las audiencias continuó aportando testimonios de fuerte impacto institucional y procesal. En este contexto, el fiscal federal Carlos Schaefer brindó declaraciones contundentes a la prensa durante un cuarto intermedio, apuntando directamente contra el accionar del autodenominado grupo de los "falsos Dupuy". El representante del Ministerio Público Fiscal fue categórico al señalar que estas personas ingresaron a la causa con el único objetivo de entorpecer la investigación y sembrar teorías falsas vinculadas al narcotráfico y a la trata de personas, lo cual terminó beneficiando indirectamente a la estrategia de los imputados.
Schaefer detalló que se pudo acreditar, a partir de la testimonial de la periodista Paula Bernini, cómo este sector asesoró e introdujo a testigos clave en hoteles, manipulando los testimonios de Laudelina Peña y logrando que cambiaran sus versiones iniciales bajo un clima de constante temor. "Ellos trabajaron en tandas, decidían cuándo Laudelina podía hablar y le hacían decir lo que querían", enfatizó el fiscal, quien además cuestionó la falta de certeza sobre el financiamiento detrás de este grupo de operadores que se aprovechó de la vulnerabilidad de los allegados al menor desaparecido, reafirmando que las pruebas presentadas reafirman la responsabilidad directa de María Victoria Caillava y Carlos Pérez en la sustracción de Loan.
El fiscal federal Carlos Schaefer expuso ante la prensa los detalles del accionar desplegado por el grupo conocido como los "falsos Dupuy" durante las audiencias por la desaparición de Loan Danilo Peña, advirtiendo que su intervención sistemática buscó desviar el foco de la investigación judicial. Según precisó el magistrado, estas personas se aprovecharon de la extrema vulnerabilidad del entorno familiar para coaccionar a testigos y modificar las declaraciones testimoniales, introduciendo de manera deliberada falsas hipótesis vinculadas a redes de trata de personas y tráfico de estupefacientes que terminaron favoreciendo los intereses procesales de los acusados.
Schaefer remarcó que las maniobras incluyeron el alojamiento de testigos clave en hoteles y el direccionamiento de sus dichos ante distintos operadores legales, logrando que se instalaran versiones contradictorias sobre el trágico suceso. Para el fiscal, la prueba aportada en el debate ratifica que existió una estrategia coordinada de desinformación destinada a quebrar la genuina reconstrucción de los hechos, obstaculizando el avance de la justicia y protegiendo de este modo a los principales sospechosos señalados por la sustracción y ocultamiento del menor.