Revocan fallo que declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y apartan a jueza

La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió este viernes una resolución de gran trascendencia institucional al revocar de manera categórica el fallo dictado previamente por la jueza Laura De Marinis, quien había declarado la inconstitucionalidad del flamante Régimen Penal Juvenil en el marco de una causa instruida por el delito de tentativa de robo agravado. La decisión del Tribunal Superior, plasmada en un minucioso escrito de 65 carátulas al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, marca un hito en la aplicación de la nueva normativa procesal y deja sin efecto el sobreseimiento que beneficiaba originalmente a un adolescente de 14 años identificado bajo las iniciales "M. I. A.".

El recurso de apelación que dio origen a esta revisión judicial fue interpuesto de manera conjunta por el fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, ambos integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil (Ufepj). Los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca hicieron lugar íntegramente a los planteos de la acusación pública, dictaminando no solo la nulidad de la resolución de primera instancia y la reinstauración del proceso penal contra el menor, sino también disponiendo el apartamiento formal de la jueza De Marinis del expediente, ordenando el inmediato sorteo de un nuevo magistrado del fuero para que continúe interviniendo en los autos principales sin dilaciones.

En los fundamentos centrales de la resolución, el Tribunal Superior federal y porteño declaró la plena validez constitucional del artículo 1 de la Ley 27801, la norma que estableció formalmente la baja en la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años en el ámbito de su jurisdicción. Los magistrados sostuvieron de manera contundente que la jueza de primera instancia incurrió en errores conceptuales graves al "confundir planos" jurídicos esenciales. Según el criterio de la Cámara, De Marinis intentó justificar una decisión de índole subjetiva "usando la levedad del hecho" -en referencia a la tentativa de robo- y "la situación de vulnerabilidad social" del imputado para anular una regla general dictada por el Congreso de la Nación.

Asimismo, el fallo de Casación puso de manifiesto un error técnico insostenible cometido por la funcionaria inferior al momento de fundamentar su postura, ya que la magistrada aplicó disposiciones de la derogada Ley 22278, la cual había perdido vigencia de manera formal tras la entrada en vigor del nuevo marco legal a partir del pasado 5 de septiembre. Los jueces camaristas remarcaron que la resolución de primera instancia se basó en un "juicio de conveniencia política" y no en un genuino análisis de constitucionalidad. En esa misma línea argumental, el Tribunal aclaró que las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño invocadas en el fallo anulado no revisten carácter vinculante directo para invalidar leyes nacionales, señalando además una evidente contradicción interna en el razonamiento de De Marinis, quien reconoció que la supuesta regresividad de una norma debe analizarse de manera particular y caso por caso, pero terminó utilizando argumentos de carácter general e imprecisos.

La postura que había adoptado la jueza De Marinis en su resolución original se sustentaba en la necesidad ineludible de otorgar una respuesta estatal de carácter asistencial y socioeducativa -basada en políticas públicas de educación, salud y contención familiar- antes que una punición de naturaleza penal para aquellos jóvenes cuyas trayectorias vitales se encuentran atravesadas por la exclusión y la vulneración sistemática de derechos básicos en su primera infancia. En los pasajes más salientes de su fallo revocado, la magistrada había reflexionado sobre las responsabilidades estructurales del Estado y la sociedad: "Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros".

En aquella misma línea garantista, la jueza había aclarado que su intención no era romantizar la conducta delictiva juvenil, sino advertir sobre los riesgos de la intervención punitiva temprana: "No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, solo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero". 

Sin embargo, el núcleo de su declaración de inconstitucionalidad recayó específicamente sobre el artículo 1 de la Ley 27801, el cual delimita el universo poblacional alcanzado por la normativa al estipular que el régimen penal se aplica a las personas adolescentes desde los catorce años cumplidos hasta el día en que alcancen la mayoría de edad penal a los dieciocho años, cuando fueren imputadas por ilícitos tipificados en el Código Penal. Para la magistrada, la norma resultaba regresiva porque modificaba un paradigma donde el Estado contenía al menor mediante el sistema de protección integral sin persecución punitiva formal, un razonamiento que ahora la Cámara de Casación desestimó por completo al convalidar la soberanía legislativa en materia de política criminal y la plena vigencia de la nueva ley procesal juvenil en la Ciudad.