Endeudados y casi sin salida
La propuesta oficialista es directamente una negación del problema. Es gatopardista, como dijo Itaí Hagman: hacer que todo siga igual con un maquillaje de charlas y advertencias.
Hay 20 millones de argentinos endeudados con bancos y billeteras virtuales. De ellos, casi 6 millones están en mora, con más de tres meses de atraso.
Es el marco silencioso de la crisis del consumo que ya vimos: no es que la gente no quiera pagar, es que no puede. El Congreso finalmente puso el tema sobre la mesa. Este martes, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor firmaron tres dictámenes distintos. La Libertad Avanza junto al PRO y la UCR logró el de mayoría con 32 firmas y 2 en disidencia, mientras que Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica juntaron 27 rúbricas, y Argentina Federal fue con un texto propio con dos firmas. Como se sabe, será el oficialismo el primero en votarse en el recinto. Si cae, se pasa a los de minoría.El problema no es de forma, es de fondo. Son dos miradas opuestas sobre qué debe hacer el Estado.
La propuesta del oficialismo, armada por Silvana Giudici y Santiago Pauli, parte de un principio que el presidente Milei ya definió: el Estado no debe intervenir en un asunto entre privados. Por eso no tenía un proyecto propio hasta que la presión opositora lo forzó. Su dictamen no plantea ninguna solución económica real para los 6 millones de morosos. Se centra en la prevención: sistema de advertencias, doble autenticación para tomar crédito, transparencia y educación financiera a mediano plazo. No toca tasas, no reestructura deudas.
La queja opositora lo resume bien: "Te mandan a estudiar". Lo dijo un diputado a Noticias Argentinas con bronca. Y tiene razón. No se puede mandar a hacer un curso de educación financiera a una familia a la que le llega el agua al cuello, como dijo el radical Pablo Juliano. La gente no come información, come comida, recordó Mónica Frade.
Del otro lado, la oposición plantea una ley de emergencia financiera y crediticia por 180 días, prorrogable por igual período. ¿Qué propone? Ponerle tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras, tope a gastos y comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses según el monto. Y un punto central: elimina el 100% de los intereses punitorios, respetando solo capital e intereses compensatorios. Además le da a Defensa del Consumidor la potestad de exigir la apertura del algoritmo de scoring que usan las fintech para cobrarle tasas distintas a cada cliente. Argentina Federal, con Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, va por el mismo camino. Incluso hubo otras dos ideas dando vueltas: la del MID de bajar impuestos sobre intereses y la de Alejandra Torres de créditos UVA al 7,5% con fondos del FGS de ANSES.Ningún proyecto es perfecto.
Pero la propuesta oficialista es directamente una negación del problema. Es gatopardista, como dijo Itaí Hagman: hacer que todo siga igual con un maquillaje de charlas y advertencias.
No se puede hablar de 20 millones de endeudados como si fueran 20 millones de irresponsables que no supieron usar la calculadora. Son trabajadores que se endeudaron para pagar la luz, el supermercado y el alquiler porque el ingreso disponible no alcanza. Cuando el consumo masivo cae 2,6% y el patentamiento de autos 18,6%, no es falta de educación, es falta de plata.
El Congreso tiene que entender que el sobreendeudamiento no es un problema individual, es sistémico. Si no hay una refinanciación ordenada, sin punitorios usurarios, con tasas razonables, esos 6 millones de morosos no volverán nunca al sistema formal. Y sin ellos, no hay consumo, no hay comercio y no hay recuperación.La educación financiera sirve, claro. Pero primero hay que sacar a la gente del pozo.