El gobierno correntino impulsa la provincialización del Corredor Belgrano
El Ejecutivo busca incorporar a su dominio público y a la red vial provincial el tramo comprendido entre la rotonda y el puente.
El Gobierno de Corrientes avanzará con la provincialización del Corredor Belgrano, una decisión con la que se apunta a incorporar al dominio público provincial el tramo comprendido entre la bajada del Puente Interprovincial sobre la avenida 3 de Abril, la avenida Ferré y la avenida Independencia hasta la rotonda de la Virgen, en la intersección con la ruta nacional Nº12. El objetivo es que el Estado correntino tenga la titularidad de una traza que actualmente se encuentra involucrada en un conflicto judicial con Nación.
El fiscal de Estado, Horacio Ortega, confirmó que el gobernador Juan Pablo Valdés dispuso enviar a la Legislatura un proyecto de ley para que ese sector pase a integrar formalmente la red vial provincial. La iniciativa retoma un planteo que ya había sido analizado y que ahora adquirió carácter institucional a partir de la decisión del Ejecutivo.
La provincialización implica que el tramo actualmente en discusión dejaría de tener una situación de titularidad fragmentada y quedaría bajo un único responsable: el Estado provincial. "Todo va a quedar, si se saca la ley, dentro de un solo titular que va a ser la provincia", explicó Ortega en declaraciones a Momarandú.
CONSECUENCIAS DIRECTAS
Ese cambio tendría consecuencias tanto administrativas como jurídicas. Por un lado, Corrientes podría ejercer directamente los derechos sobre la infraestructura, intervenir con mayor capacidad en las decisiones vinculadas con el corredor y definir mecanismos de coordinación con la Municipalidad. Por otro, la incorporación de la traza al dominio público provincial fortalecería, según la Fiscalía de Estado, la legitimidad del reclamo que Corrientes sostiene en el expediente judicial.
La medida no significará, sin embargo, que desaparezcan las controversias existentes con el Gobierno nacional. Por el contrario, la Provincia continuará sosteniendo sus planteos y la iniciativa legislativa pasará a formar parte de la estrategia institucional desplegada para defender sus derechos sobre el corredor.
La decisión fue comunicada a representantes de Nación y de Vialidad Nacional en el marco de las actuaciones en curso. Tras esa notificación se acordó suspender por otros 60 días la audiencia judicial, período durante el cual podrá avanzar el tratamiento legislativo del proyecto y continuar las gestiones entre las jurisdicciones.
Uno de los puntos centrales del planteo correntino está relacionado con el esquema económico de explotación. Ortega recordó que la Provincia reclama desde hace tiempo una readecuación económica del peaje y señaló que las conversaciones sobre esa cuestión son encabezadas directamente por el gobernador Valdés ante el Gobierno nacional.
MANTENIMIENTO DE LA TRAZA
"Nosotros lo que hemos pedido siempre es que haya una readecuación económica", sostuvo el fiscal. El planteo está relacionado con las condiciones bajo las cuales comenzará a funcionar el corredor, la situación jurisdiccional de la traza y la explotación que posteriormente realice el adjudicatario.
Corrientes, además, buscó preservar su posición frente al proceso de adjudicación nacional. Cuando se conocieron las ofertas, la Fiscalía de Estado envió cartas documento a todas las empresas participantes para informarles formalmente acerca de la existencia del conflicto y de los derechos reclamados por la Provincia. De esa manera, cualquiera sea la empresa adjudicataria, quedará notificada de que el planteo correntino continúa vigente.
La provincialización también pretende ordenar la relación con la Municipalidad de Corrientes, que hasta ahora intervino respecto de la parte de la traza correspondiente a su jurisdicción. Si la Legislatura aprueba la ley, la titularidad pública quedará unificada en cabeza de la Provincia, aunque ello no impedirá establecer acuerdos con la Comuna.
Según Ortega, podrán celebrarse convenios interjurisdiccionales para determinar de qué manera se distribuyen los gastos derivados del corredor y cómo se comparte eventualmente la recaudación. Así, la concentración de la titularidad no necesariamente excluirá al municipio de la gestión, sino que permitirá establecer su participación mediante acuerdos específicos.
El proyecto aparece así como una herramienta para ordenar una situación que combina cuestiones viales, económicas y jurisdiccionales. Para el Gobierno provincial, disponer de una única titularidad facilitará la administración de la traza, dará mayor respaldo jurídico a sus planteos y permitirá discutir desde otra posición las condiciones económicas de funcionamiento del corredor