Una fábrica no cierra sola
Las estadísticas permiten dimensionar la crisis de la industria textil argentina: producción en retroceso, capacidad instalada por debajo de la mitad, centenares de establecimientos cerrados y decenas de miles de empleos destruidos. Pero detrás de esos porcentajes hay una realidad mucho más difícil de expresar en números. Hay trabajadores que después de 20 o 30 años en una fábrica se encuentran sin empleo, sin indemnización y sin saber de qué manera volver a empezar. Hay familias enteras que pierden de un día para otro la seguridad construida durante décadas.
Eso explica la indignación que hoy expresan trabajadores, extrabajadores y propietarios de pequeñas y medianas empresas textiles en la Argentina. La apertura de las importaciones, sumada a la retracción del consumo y al aumento de los costos, dejó a buena parte de la producción nacional en una competencia extremadamente desigual. Mientras plataformas internacionales ofrecen prendas a precios con los que resulta prácticamente imposible competir, las fábricas argentinas reducen turnos, suspenden personal o directamente bajan sus persianas.
Los datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas que se dieron a conocer en los últimos días describen la magnitud del problema. La actividad acumula una caída superior al 22% respecto del año pasado y las plantas trabajan con apenas el 45,3% de su capacidad instalada. Desde diciembre de 2023 se perdieron más de 28.000 puestos formales en la cadena textil y de confecciones. No se trata, entonces, de dificultades aisladas de empresas incapaces de adaptarse, existe un proceso que está debilitando una estructura productiva construida durante generaciones.
Corrientes conoce de cerca sus consecuencias. El cierre de Emilio Alal, histórica fábrica de Goya, dejó una herida que excede ampliamente el balance de una empresa. La semana pasada Germán Timoteo Pucheta, quien trabajó durante 22 años en esa planta, viajó hasta el Congreso de la Nación para ponerle rostro y voz a una tragedia que desde Buenos Aires puede parecer apenas otro dato económico. Ante los diputados relató que cientos de trabajadores quedaron sin empleo y que muchos todavía esperan sus indemnizaciones. También contó algo todavía más doloroso: un extrabajador de 62 años, con más de tres décadas dedicadas a reparar las máquinas de la fábrica, comenzó a padecer problemas psicológicos después del cierre. Su familia lo acompañó y recibió tratamiento, pero hace dos semanas se quitó la vida.
Una tragedia semejante exige prudencia: el suicidio nunca puede atribuirse a una única causa, pero tampoco corresponde ignorar el profundo impacto psicológico que puede provocar la pérdida abrupta del empleo, especialmente después de décadas de pertenencia a un mismo lugar. Un trabajo no es solamente el salario depositado a fin de mes. Es rutina, vínculos, identidad, reconocimiento y la posibilidad de proyectar el futuro.
Cuando desaparece una fábrica histórica también se deteriora el entramado de la ciudad que creció alrededor de ella. Pierden los comercios porque circula menos dinero; pierden los proveedores; cae el consumo y otras actividades comienzan a resentirse. En localidades donde las alternativas laborales son escasas, pedir a una persona de 40, 50 o 60 años que simplemente se "reinvente" puede convertirse en una expresión cruelmente distante de la realidad.
La discusión sobre las importaciones tampoco debería reducirse a una falsa elección entre fronteras completamente cerradas o apertura irrestricta. Argentina necesita competencia, precios razonables y una industria eficiente. Pero ninguna economía puede desentenderse de las condiciones bajo las cuales sus productores compiten contra bienes provenientes de estructuras productivas, tributarias y laborales completamente diferentes.