Transporte: una crisis sin fin

Una vez más los usuarios del transporte urbano de Corrientes estuvieron a punto de quedarse sin colectivos. La amenaza de un paro por tiempo indeterminado, que finalmente fue levantada ayer poco antes del mediodía tras el pago de los salarios adeudados a los choferes, volvió a poner en evidencia una realidad que se repite desde hace años: el sistema funciona al borde de la paralización y quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los pasajeros.

La resolución del conflicto salarial llevó alivio a miles de correntinos que dependen diariamente de los colectivos para trabajar, estudiar, atender su salud o cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, ese alivio tiene fecha de vencimiento. Nada indica que se hayan modificado las condiciones que provocaron esta nueva crisis. Simplemente se evitó una medida de fuerza que amenazaba con dejar a la ciudad sin transporte.

La historia es demasiado conocida. Las empresas advierten sobre dificultades financieras, los trabajadores reclaman legítimamente el pago de sus haberes, el sindicato anuncia medidas de fuerza y las autoridades intervienen cuando la suspensión del servicio parece inevitable. Finalmente aparece una solución transitoria y todo vuelve a comenzar. Es un círculo vicioso que se reproduce sin que exista una respuesta estructural.

Pero el problema excede las amenazas de paro. Los correntinos pagan una tarifa elevada por un servicio que acumula deficiencias, frecuencias insuficientes, recorridos eliminados y horarios cada vez más restringidos. En numerosos barrios conseguir un colectivo después de las 22 resulta prácticamente imposible. La prestación se reduce mientras los costos para los usuarios permanecen altos y vuelve a instalarse la posibilidad de otro incremento del boleto.

La contradicción es evidente: se exige cada vez más esfuerzo económico a los pasajeros, pero no existe una mejora equivalente en la calidad, continuidad y previsibilidad del servicio. Y cada conflicto salarial agrega una nueva cuota de incertidumbre a una prestación que debería garantizar condiciones mínimas de funcionamiento.

A esta situación se suma un aspecto particularmente preocupante: la concesión del transporte urbano ya finalizó y el sistema continúa funcionando bajo un régimen de emergencia que vence el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, todavía no existe un llamado a licitación pública que permita discutir y definir las condiciones de prestación para los próximos años.

No se trata de una cuestión administrativa secundaria. Una nueva licitación representa la oportunidad de revisar recorridos, frecuencias, exigencias de inversión, condiciones laborales, mecanismos de control y responsabilidades empresariales. También permitiría transparentar el funcionamiento económico de un servicio sostenido mediante el aporte directo de los pasajeros y recursos públicos.

El Foro de Organizaciones Vecinales volvió a reclamar precisamente esa decisión, además de exigir información sobre los subsidios y controles efectivos sobre las empresas. El planteo coloca en el centro una cuestión fundamental: la necesidad de garantizar simultáneamente los derechos salariales de los trabajadores y el derecho de los ciudadanos a contar con un transporte digno.

La Municipalidad, como autoridad concedente, tiene la responsabilidad de conducir ese proceso y ofrecer certezas sobre el futuro del sistema. La emergencia no puede convertirse en una modalidad permanente de administración ni las soluciones de último momento pueden reemplazar indefinidamente una planificación seria.

Corrientes lleva demasiado tiempo conviviendo con esta precariedad. Cada amenaza de paro vuelve a demostrar que el problema continúa intacto, más allá de los acuerdos circunstanciales y de los anuncios que nunca terminan de traducirse en cambios concretos.