Alto costo de la vulnerabilidad
El incremento sostenido de las tarifas eléctricas, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para afrontar las facturas de un servicio esencial configuran un escenario cada vez más angustiante para miles de familias correntinas. A esa realidad se suma ahora una amenaza que encuentra terreno fértil en la necesidad económica: las estafas virtuales que utilizan el nombre de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) para ofrecer descuentos inexistentes y apropiarse del dinero de los usuarios.
La maniobra pone de manifiesto una doble vulnerabilidad. Por un lado, la de quienes deben destinar una porción creciente de sus ingresos al pago de la electricidad; por otro, la de aquellos que, desesperados por conseguir algún alivio, quedan expuestos a delincuentes que conocen perfectamente sus necesidades. Los adultos mayores, jubilados y pensionados constituyen uno de los sectores más sensibles a este tipo de engaños, aunque nadie está completamente a salvo.
No resulta difícil comprender por qué una promesa de reducción del 50% en la factura durante dos años puede despertar interés. Para un jubilado que debe elegir entre comprar medicamentos, alimentos o pagar la luz, semejante ofrecimiento representa una oportunidad difícil de ignorar. Y allí radica precisamente la perversidad del mecanismo: los estafadores no explotan solamente el desconocimiento tecnológico, sino fundamentalmente la necesidad de quienes atraviesan dificultades económicas.
Las bandas delictivas utilizan anuncios en redes sociales, logotipos institucionales y números de WhatsApp para simular una comunicación oficial. Una vez establecido el contacto, solicitan compartir la pantalla del teléfono celular con el pretexto de gestionar el beneficio. De esa manera pueden observar información bancaria, claves y movimientos financieros que eventualmente les permiten vaciar cuentas o concretar transferencias fraudulentas.
Cuando la víctima comienza a desconfiar aparece otra herramienta igualmente peligrosa: la intimidación. Las amenazas de multas, generación de deudas o suspensión del suministro buscan provocar una reacción inmediata, sin tiempo para consultar o verificar la autenticidad del ofrecimiento. El miedo a quedarse sin electricidad se convierte así en un instrumento de presión.
La situación merece una reflexión que trasciende la necesaria advertencia sobre los riesgos digitales. La electricidad dejó de representar un gasto relativamente previsible para transformarse en una preocupación central de numerosos hogares. Los incrementos tarifarios, sumados a ingresos que no siempre acompañan el costo de vida, hacen que cada vencimiento constituya una nueva dificultad. Refinanciar deudas tampoco resulta sencillo para quienes apenas consiguen cubrir sus necesidades básicas.
En ese contexto, las falsas facilidades de pago y los descuentos extraordinarios encuentran un público predispuesto a escuchar. No necesariamente por ingenuidad, sino porque las alternativas reales de alivio son escasas o insuficientes. Cuanto mayor es la presión económica sobre los usuarios, más atractivas pueden resultar las promesas de quienes ofrecen soluciones inmediatas.
Por eso, la prevención no puede quedar exclusivamente en manos de las potenciales víctimas. La Dpec y los organismos competentes deben sostener campañas permanentes de información, con mensajes claros, accesibles y especialmente dirigidos a los adultos mayores. También resulta indispensable facilitar canales confiables de consulta y mecanismos de financiación que permitan regularizar deudas sin procedimientos engorrosos ni condiciones imposibles de cumplir.
Las familias, por su parte, tienen un papel importante. Conversar con padres y abuelos sobre estas modalidades delictivas, ayudarlos a identificar comunicaciones sospechosas y recordarles que nunca deben compartir pantallas, contraseñas ni datos bancarios puede evitar pérdidas irreparables. La tecnología facilita numerosos trámites, pero también abre espacios para nuevas formas de delincuencia.
Es necesario insistir en que ninguna promoción difundida mediante enlaces desconocidos debe considerarse legítima sin una verificación previa. Frente a amenazas de corte o exigencias urgentes corresponde interrumpir la comunicación y consultar directamente con la distribuidora mediante sus canales oficiales.