Entre el agua y la inseguridad
Hoy la urgencia es impedir que el agua se lleve miles de animales. Pero también resulta indispensable evitar que, cuando la creciente retroceda, los ganaderos continúen enfrentando solos una inseguridad que no desaparece con la bajante.
La ganadería correntina enfrenta una situación particularmente delicada. Mientras el avance de las aguas del río Paraná obliga a trasladar miles de animales para evitar pérdidas, los productores deben convivir con otro problema que no responde a ninguna emergencia climática: la inseguridad rural. Son dos amenazas diferentes, pero igualmente perjudiciales para una actividad que constituye uno de los pilares de la economía provincial. Y en ambos casos, quienes enfrentan mayores dificultades son los pequeños ganaderos, que disponen de menos recursos para proteger sus haciendas y sostener la producción.
La creciente del Paraná ha colocado a numerosas explotaciones ganaderas en una carrera contra el tiempo. Según estimaciones de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, será necesario evacuar alrededor de 60.000 cabezas antes de que el río alcance su pico previsto para mediados de la próxima semana. Las zonas más comprometidas son las islas Apipé y los campos bajos de Empedrado, donde el agua avanza rápidamente y reduce las superficies disponibles para mantener a los animales.
Sin embargo, retirar la hacienda de las áreas inundables es apenas una parte del problema. La escasez de barcazas y de medios adecuados de transporte dificulta las evacuaciones. A ello se suma una preocupación todavía mayor: encontrar campos donde alojar los animales, garantizarles agua segura, pasturas y alimentación suficiente durante el tiempo que permanezcan desplazados. Porque salvarlos de la inundación no significa necesariamente haberlos puesto a salvo.
Para los pequeños productores, que muchas veces dependen de unas pocas decenas de cabezas para sostener a sus familias, afrontar estos costos puede resultar imposible. No todos cuentan con establecimientos alternativos, reservas forrajeras o recursos para contratar transporte y alimentación. Tampoco pueden esperar indefinidamente a que bajen las aguas. Cada jornada sin pasturas adecuadas representa pérdida de peso, deterioro sanitario y un perjuicio económico que difícilmente podrán recuperar.
La emergencia exige, por lo tanto, algo más que facilitar los traslados. Se necesita una respuesta coordinada que contemple lugares de alojamiento, provisión de forrajes, asistencia veterinaria y mecanismos de ayuda para quienes carecen de capacidad económica para afrontar semejante contingencia.
Pero mientras el agua amenaza desde los ríos, otra preocupación persiste tierra adentro. El abigeato y la faena clandestina continúan afectando a los establecimientos rurales, especialmente a aquellos que se encuentran alejados de los centros urbanos. El robo de animales no constituye solamente una pérdida patrimonial: representa meses o años de trabajo que desaparecen y, en muchos casos, una parte fundamental del sustento familiar.
La situación resulta todavía más inquietante cuando las inundaciones obligan a concentrar la hacienda en terrenos altos o trasladarla hacia establecimientos ajenos. En esas circunstancias, la vigilancia se vuelve más compleja y los animales quedan expuestos a nuevos riesgos.
El problema de la inseguridad rural tampoco puede reducirse a episodios aislados. La persistencia del abigeato y de los circuitos de faena clandestina plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles, la vigilancia territorial y la capacidad para desarticular las cadenas de comercialización ilegal. No alcanza con recuperar algunos animales o detener ocasionalmente a los responsables si las prácticas delictivas continúan reproduciéndose.
En este contexto adquiere relevancia el proyecto impulsado por Confederaciones Rurales Argentinas para modificar el Código Penal e incorporar figuras específicas relacionadas con la intromisión en establecimientos rurales y los daños a instalaciones productivas. Sin embargo, cualquier modificación legislativa deberá acompañarse de controles efectivos, presencia policial y una investigación sostenida del abigeato y la faena clandestina.