La soledad de enseñar
La desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años de quien no se tienen noticias desde hace doce días, expone una realidad que suele permanecer invisible para buena parte de la sociedad: las condiciones extremas en las que cientos de maestros correntinos desarrollan su tarea. Detrás de la incertidumbre y la angustia que hoy atraviesan a su familia y a la comunidad de Esquina, aparece una problemática estructural que no puede seguir ignorándose.
Godoy salió de su casa el 6 de octubre para dirigirse a la Escuela Nº 626 del paraje El Malezal, en la cuarta sección Malvinas, departamento de Esquina. Para llegar hasta el establecimiento debía atravesar extensos bañados, caminos prácticamente intransitables y completar un trayecto de aproximadamente tres horas a caballo desde una estancia.
Esa es la realidad de numerosos docentes rurales. Hombres y mujeres que deben levantarse de madrugada, recorrer distancias enormes, cruzar campos inundados, soportar lluvias, temperaturas extremas y caminos que desaparecen bajo el agua. Muchas veces permanecen durante días en escuelas aisladas, sin electricidad confiable, sin señal telefónica y sin posibilidades inmediatas de recibir ayuda ante una emergencia.
Y todo eso a cambio de salarios que están lejos de compensar semejantes sacrificios. Enseñar en esas condiciones implica mucho más que cumplir un horario frente al aula. Supone exponerse a accidentes, enfermedades, animales peligrosos y situaciones imprevistas, en territorios donde cualquier contratiempo puede convertirse en una tragedia por la imposibilidad de pedir auxilio.
El caso de Nancy resulta especialmente estremecedor porque su incomunicación inicial no despertó sospechas inmediatas. Su familia sabía que la señal telefónica era deficiente y que las lluvias dificultaban los desplazamientos. Que una trabajadora pueda permanecer varios días sin comunicarse con sus seres queridos y que eso sea considerado habitual constituye, por sí mismo, una señal alarmante del abandono que padecen numerosas comunidades rurales.
La docente mantenía contacto con uno de sus hijos hasta el 7 de octubre. Después, el silencio. Hoy, doce días después de su desaparición, continúan los rastrillajes y una investigación judicial que registra dos hombres demorados, pero todavía no ofrece respuestas sobre su paradero. Su familia reclama mayores recursos y cuestiona la reacción de las autoridades. Esquina volvió a movilizarse ayer para exigir su aparición con vida.
Los sindicatos docentes también reclamaron helicópteros, cámaras térmicas, asistencia federal y mayor participación de los organismos provinciales. Son pedidos que deben atenderse con urgencia. Cada hora cuenta y ningún esfuerzo puede considerarse excesivo cuando está en juego la vida de una persona.
Pero hay una discusión que necesariamente debe trascender esta emergencia. ¿Quién garantiza la seguridad de los docentes destinados a establecimientos aislados? ¿Qué protocolos existen para comprobar que llegaron a sus escuelas? ¿Cómo se actúa cuando dejan de comunicarse? ¿Qué responsabilidad asume el sistema educativo cuando exige trabajar en lugares donde ni siquiera está asegurada una vía de comunicación?
No alcanza con celebrar la vocación y el sacrificio de los maestros rurales. Tampoco con homenajearlos en discursos oficiales mientras se naturalizan condiciones laborales que serían inadmisibles en cualquier otro ámbito. La vocación no puede reemplazar a los caminos, las comunicaciones, los recursos de emergencia ni a una remuneración digna.
La desaparición de Nancy Godoy debe movilizar todos los esfuerzos necesarios para encontrarla con vida. Pero también debería obligar a revisar una deuda histórica con quienes sostienen la educación en los rincones más apartados de Corrientes. Ningún docente tendría que arriesgar su integridad para ejercer su profesión y ningún salario, mucho menos uno insuficiente, puede justificar semejante desprotección.
La desaparición de Nancy Godoy debe movilizar todos los esfuerzos necesarios para encontrarla con vida. Pero también debería obligar a revisar una deuda histórica con quienes sostienen la educación en los rincones más apartados de Corrientes.