La educación también está en peligro
La muerte violenta de Nanci Godoy dejó al descubierto una realidad que excede largamente la investigación de un crimen. Lo que comenzó a conocerse sobre las condiciones en las que trabajaba la docente rural de Esquina obliga a mirar hacia un sistema educativo atravesado por años de desinterés, desinversión y ausencia de controles. Una realidad que las autoridades provinciales no pueden seguir disimulando detrás de expedientes administrativos, declaraciones circunstanciales y promesas de investigaciones internas.
La crisis educativa de Corrientes no se limita a los bajos salarios, las dificultades de aprendizaje, los edificios deteriorados o la falta de recursos. Hay otra dimensión, mucho menos visible y acaso más inquietante: lo que sucede puertas adentro de las escuelas, las relaciones de poder, las denuncias que no encuentran respuestas, las intimidaciones y la vulnerabilidad de quienes se atreven a reclamar.
Nanci Godoy había asumido como directora suplente de la Escuela Nº 626 de El Malezal. Según los testimonios y denuncias conocidos después de su desaparición, encontró un establecimiento en condiciones deplorables, con graves deficiencias sanitarias, mobiliario deteriorado y dificultades para garantizar el dictado de clases. También habría advertido irregularidades administrativas que merecen una investigación exhaustiva. No alcanza con determinar quiénes cometieron el crimen. Es imprescindible establecer qué conocían las autoridades educativas, cuándo fueron informadas y qué hicieron al respecto.
El Estado no puede descubrir las condiciones de una escuela solamente después de que asesinan a su directora.
Tampoco puede pretender que la responsabilidad termine en una supervisora o en un director sometido a sumario. Existe una estructura ministerial, con funcionarios, áreas de fiscalización, presupuestos y obligaciones concretas. ¿Dónde estuvieron durante todo este tiempo? ¿Quién controlaba el funcionamiento del establecimiento? ¿Quién verificaba las condiciones de trabajo y escolarización? ¿Cuántas escuelas rurales permanecen fuera de una supervisión efectiva?
Lo ocurrido en El Malezal no puede analizarse como un episodio aislado. En los últimos días también se conoció que en Tabay, once docentes y exdocentes denunciaron situaciones de presunto maltrato laboral que derivaron en el apartamiento preventivo del director de la Escuela Nº 799 mientras avanza un sumario administrativo. En Goya, la dirigente docente Estela Juri denunció públicamente amenazas e intimidaciones por expresar sus opiniones y defender derechos laborales.
Son situaciones diferentes, que requieren investigaciones independientes, pero comparten un elemento preocupante: trabajadores de la educación que denuncian condiciones adversas y necesitan recurrir a la exposición pública para conseguir respuestas.
La docencia correntina está integrada mayoritariamente por mujeres. Muchas sostienen escuelas en parajes aislados, recorren caminos intransitables, trabajan sin servicios esenciales y asumen responsabilidades que corresponden al Estado. A esa precariedad se agregan relaciones jerárquicas que pueden convertirse en mecanismos de presión, silenciamiento y disciplinamiento.
No debería hacer falta una tragedia para que una maestra sea escuchada. Mucho menos para que un ministerio cumpla sus obligaciones.
La ministra de Educación y los funcionarios provinciales deben comprender que administrar un sistema educativo no consiste solamente en inaugurar edificios, distribuir equipamiento o exhibir estadísticas. También implica proteger a quienes enseñan, garantizar condiciones laborales dignas, investigar denuncias y asegurar que ninguna escuela quede librada al abandono.
La responsabilidad alcanza igualmente a la Legislatura. La semana pasada, los diputados provinciales rechazaron pedidos de informes vinculados con el caso Godoy. Una decisión difícil de justificar cuando la sociedad necesita explicaciones y todavía existen demasiadas preguntas sin responder. El control parlamentario no es una concesión al adversario político: es una obligación institucional. Negarse a pedir información no protege a la educación pública. Protege el silencio.
La educación correntina necesita mucho más que declaraciones de preocupación. Necesita controles reales, transparencia presupuestaria, canales eguros de denuncia y funcionarios dispuestos a rendir cuentas.
