Presentaron la salida de Silvina Rollet como un cambio de gestión, pero renuncia para jubilarse
La cuestionada presidenta del Consejo General de Educación dejó su cargo mediante un trámite jubilatorio y no por una sanción vinculada a su desempeño. La ministra Ana Miño mantiene un llamativo silencio sobre las denuncias de abandono institucional en la Escuela Nº 626.
Lo que el de alguna forma se interpretó y se presentó como el inicio de una reestructuración en la cartera educativa provincial tras el femicidio de Nanci Estela Godoy terminó revelando una situación muy diferente: la presidenta del Consejo General de Educación, María Silvina Rollet, no fue apartada por su desempeño ni por las denuncias que salpican al organismo que conducía. Su renuncia fue aceptada para acceder a la jubilación ordinaria, según consta en el expediente Nº 320-9189/2026.
a diferencia no es menor. Mientras se anunciaban cambios institucionales como respuesta a la conmoción social por el crimen de la docente rural, se omitió aclarar que la salida de una de las funcionarias más cuestionadas obedecía a un trámite jubilatorio. De esta manera, Rollet podrá acceder al beneficio previsional, sin que hasta ahora se haya informado sobre investigaciones administrativas que determinen eventuales responsabilidades durante su gestión. La jubilación, por sí misma, no extingue esas responsabilidades ni implica necesariamente la pérdida o conservación de derechos ante un eventual sumario.
La situación provocó el rechazo del sector docente, que consideran la modalidad de salida como un premio antes que una respuesta institucional. "Jubilarse no debe significar quedar exento de rendir cuentas", advirtieron.
Pero el cuestionamiento más profundo apunta al Ministerio de Educación y particularmente a su titular, Ana Miño, cuyo silencio resulta cada vez más difícil de justificar. La ministra continúa sin ofrecer explicaciones públicas sobre las denuncias de abandono de la Escuela Nº 626 de El Malezal, donde trabajaba Nanci Godoy, ni sobre las actuaciones de las autoridades responsables de supervisar su funcionamiento.
Desde el 4 de noviembre, a las 18.21, el expediente Nº 320-30-10-9065/26, que contiene información sobre el establecimiento, figura remitido al Ministerio de Educación. Los docentes reclaman que se haga pública la documentación, se verifique su veracidad y se investigue la actuación de directivos, supervisores y funcionarios.
También exigen determinar quiénes conocían las condiciones denunciadas por Nanci, qué medidas adoptaron y cuáles omitieron. Entre las actuaciones bajo cuestionamiento aparecen las del exdirector de la escuela y la supervisora Edith Sánchez, sobre quien trascendió la posibilidad de iniciar un sumario administrativo.
La gravedad del caso exige mucho más que movimientos de funcionarios y anuncios de reorganización. El silencio de Miño, máxima responsable política del área educativa, contrasta con la urgencia de las respuestas reclamadas por docentes, familiares y la sociedad.
Mientras una funcionaria se retira mediante un trámite jubilatorio, siguen sin esclarecerse las posibles responsabilidades administrativas por las condiciones en las que Nanci ejercía su tarea. El Gobierno anuncia cambios, pero no se saben cuáles serán esos cambios en Educación, y en esa dependencia todavía deben explicar qué sabía, desde cuándo y qué hizo frente a las denuncias.