El silencio también es responsabilidad

El silencio se ha convertido en una preocupante forma de ejercer el poder en Corrientes. Frente a reclamos que exigen explicaciones, decisiones y responsabilidades, los funcionarios parecen haber elegido la indiferencia como respuesta. Lo que ocurre en el Ministerio de Educación es una muestra alarmante de esa conducta institucional que, lejos de resolver los conflictos, profundiza el malestar y vuelve a empujar a los trabajadores a las calles.

El crimen de Nanci Estela Godoy dejó al descubierto una realidad que las autoridades educativas no pueden seguir ignorando. La ministra Ana Miño se escuda en la necesidad de dejar actuar a la Justicia, como si una investigación penal eximiera a su ministerio de explicar qué hizo ante las advertencias y reclamos de la docente rural. Son responsabilidades diferentes. La Justicia debe esclarecer el crimen, pero Educación tiene la obligación de investigar las condiciones laborales, las denuncias recibidas y las actuaciones administrativas que correspondían.

No alcanza con expresar pesar ni con invocar el respeto por los tiempos judiciales. Es necesario explicar qué respuestas recibió Nanci, quiénes conocían su situación y qué medidas se adoptaron. La ausencia de decisiones y explicaciones convierte al silencio en una forma de complicidad política con las omisiones que deben esclarecerse. No se trata de atribuir responsabilidades penales sin pruebas, sino de exigir que quienes administran la educación pública rindan cuentas.

Tampoco puede pasar inadvertida la actitud de los diputados oficialistas y sus aliados, que rechazaron los pedidos de interpelación a la ministra, a la entonces presidenta del Consejo General de Educación y a las autoridades responsables. En lugar de ejercer su función de control, eligieron cerrar las puertas al debate. La salida de la titular del Consejo por jubilación, y no como consecuencia de una decisión de apartarla del cargo, tampoco despeja los interrogantes. Mucho menos el silencio de la supervisión educativa.

Ese mismo comportamiento se repite ahora frente al cierre de carreras terciarias. Se anuncia el cese de actividades curriculares, pero no se explican los fundamentos ni qué ocurrirá con los trabajadores, los estudiantes y la continuidad de las propuestas académicas.

¿Dónde están los estudios que justifican estas decisiones? ¿Qué alternativas ofrece el ministerio? ¿Quién garantiza la estabilidad laboral de los docentes y el derecho de los jóvenes a acceder a una formación superior? Son preguntas elementales que deberían responderse antes de avanzar con medidas que afectan proyectos de vida y oportunidades educativas.

El sábado, docentes volvieron a movilizarse por las calles de Corrientes. Llegaron hasta La Unidad, donde un fuerte dispositivo policial contrastó con los reclamos expresados desde las veredas. La imagen resulta reveladora: mientras los trabajadores piden diálogo, el Estado parece más preocupado por custodiar sus espacios que por escuchar las demandas.

Por supuesto que persiste el reclamo salarial. Los ingresos docentes continúan siendo motivo de preocupación, pero reducir el conflicto educativo a una discusión de haberes constituye otra manera de desconocer su verdadera dimensión. Se reclaman escuelas seguras, infraestructura adecuada, condiciones dignas de trabajo, continuidad de carreras y autoridades capaces de asumir responsabilidades.

La educación pública no puede administrarse mediante decisiones unilaterales, expedientes sin respuesta y funcionarios que evitan dar explicaciones. Gobernar implica escuchar, corregir errores y hacerse cargo de las consecuencias de cada medida. Y legislar exige controlar al poder, no protegerlo de las preguntas incómodas.

El descontento comienza a ganar nuevamente las calles porque los canales institucionales no están ofreciendo respuestas. Cuando el Gobierno y sus legisladores dan la espalda a los trabajadores, también se la dan al pueblo correntino. El silencio puede servir para eludir momentáneamente una explicación, pero nunca reemplazará la responsabilidad política. Y mucho menos podrá borrar las preguntas que siguen abiertas sobre Nanci Godoy.