Mandan desalojar predio del Gauchito
Hasta la medianoche de hoy los comerciantes que están instalados en el predio del santuario del Gauchito Gil, al costado de la Ruta Nacional 123, en la ciudad de Mercedes, tienen plazo para retirarse de ese lugar.
Esto se debe a que el juez federal Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda los intimó a que despejen el área que pertenece a la Dirección Nacional de Vialidad, institución que reclama el lugar desde hace tres décadas.
Fuentes oficiales confirmaron a NORTE de Corrientes que "el magistrado rechazó una acción de amparo iniciada por 17 puesteros y en consecuencia los intimó a que se retiren".
La resolución del magistrado es después que, en agosto pasado, se reunieron los representantes el Gobierno provincial, de la Municipalidad de Mercedes y el interventor de la asociación que representa a los vendedores, para acordar los términos de la organización de los sectores de venta.
En la ocasión el municipio mercedeño se comprometió a facilitar fondos para que las personas que viven en ese lugar puedan alquilar en otra zona, hasta tanto se pueda construir una vivienda; mientras el Estado correntino dispuso que facilitaría los recursos para la instalación de lugares de trabajo seguros. Igualmente, un grupo de 17 vendedores se niega a salir del lugar. Ante esto, el juez federal de Paso de los Libres emitió una manda por la que conmina a esos puesteros "que deberán desocupar los lugares, desinstalar y retirar todas sus pertenencias, abandonando el uso irregular del lugar, dentro del plazo de 48 horas, prorrogables por única vez por igual plazo, bajo apercibimiento de librar orden de desalojo por la fuerza pública federal", indica el oficio.
El magistrado advirtió, además, que de ser incumplida su orden desalojará el lugar por la fuerza. "Líbrese al Escuadrón Local de Gendarmería Nacional a los fines de que se constituya en cercanías del kilómetro 100 de la Ruta Nacional Nº 123, más precisamente en la zona de banquinas del predio conocido como Gaucho Gil, y proceda a notificar personalmente a las personas que se hallen ocupando el lugar en forma irregular -con o sin instalaciones- que deberán desocupar el lugar dentro del plazo de 48 horas".
Remarca el escrito que "con el objeto de llevar adelante las tareas de liberación de banquinas, desinstalación y eliminación de construcciones por parte de Vialidad Nacional, y en caso de ser necesario deberá la unidad de Gendarmería prestar auxilio por necesidades de seguridad o uso de fuerza pública".
La ocupación de ese terreno a la vera de la ruta fue un tema abordado luego que la organización que administraba el predio había avanzado sobre la ocupación de espacios privados, contexto en el que intentaron tomar la vivienda de una familia, situación que derivó en el homicidio de los propietarios, Sergio y Julio Cantero.