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CONFLICTO Y MUERTE EN LA RUTA NACIONAL 123 

Vence la prórroga para el desalojo del predio del Gauchito Gil en Mercedes

Un juez ordenó que Gendarmería re­tire del lugar a puesteros que se nie­gan a liberar la banquina. Hace 7 días los emplazó, pero no cumplieron.

El juez federal de Paso de los Libres Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, otorgó un plazo de gracia a los 17 vendedores que están instalados en el predio del Gauchito Gil, en la ciudad de Mercedes, para que re­tiren sus pertenencias y li­beren los 20 metros de ban­quina de la Ruta Nacional 123 que se hallan ocupados por puestos provisorios de comercios.

El magistrado había en­viado el viernes pasado una intimación para que éstos se retiren en un plazo de 48 horas, pero luego prorrogó este plazo hasta la hora 8 de hoy, aunque, según fuentes judiciales "podría esperarse hasta mediodía" para que se desocupe ese terreno.

En el escrito el magistra­do advirtió que enviaría a la Gendarmería Nacional a liberar el lugar, con la co­laboración de los operarios de la Dirección Nacional de Vialidad, esta última, insti­tución reclamante del sec­tor desde hace 30 años.

La institución hace no­tar que existen veinte me­tros desde la cinta asfáltica hacia ambos costados que pertenecen al Estado Na­cional. Y ese espacio debe estar despejado por cues­tiones de seguridad vial, pero también porque es un área contemplada para eventuales usos de logística cuando la vía de tránsito es reparada.

Lo que puede ocurrir ahora es que, vencido el plazo, y ante la desobedien­cia, el magistrado federal inicie causas penales por desacato, al tiempo que or­denará la utilización de to­dos los recursos al alcance de la fuerza de seguridad para liberar el área.

Ayer, en horas de la ma­ñana, había una tensa calma en el lugar. Algunos locales ya se hallaban cerrados por­que sus propietarios ya ha­bían iniciado el éxodo hacia un nuevo sector de ventas, ubicado a unos 30 metros y que fue acondicionado por el Municipio de Mercedes, con la colaboración del in­terventor del predio y el Gobierno provincial.

Otros, como los 17 del conflicto, se hallaban en actividad. Comercializaban los productos de santería sin ninguna intención de abandonar el espacio que se ubica a escasos dos metros y medio de la calzada.

Lo que aguardan, según explicaron fuentes vincu­ladas a la causa, es que la Cámara Federal de Ape­laciones de Corrientes se expida respecto de una pre­sentación que realizaron. Es que anteriormente habían presentado una solicitud de amparo judicial ante el juez Fresneda, pero éste la rechazó y por ello apelaron esa decisión.

Una de ellas era Ramona Villalba, la ex administra­dora de la asociación de comerciantes, organización que, según se pudo com­probar, funcionaba de ma­nera irregular. La mujer ad­ministra un puesto donde comercializa cintas, esta­tuas y artículos regionales, justo en el espacio lindante al lugar donde se halla la imagen principal del Santo Popular. 

Es a ella a quien sindican como la supuesta instigado­ra de los hechos que deriva­ron en la intervención del lugar por parte del Gobier­no y de la Justicia, pero tam­bién sospechan que tuvo que ver con el doble crimen de Sergio y Julio Canteros, padre e hijo, propietarios de un terreno que pretendía ser tomado por familiares de Villalba para instalar allí puestos de venta que luego alquilarían.

El hecho ocurrió el 6 de agosto. Ese día una horda de al menos diez personas irrumpieron en la casa de los Canteros, con fines de tomarla. Pero la familia de­fendió su vivienda y en ese intento Sergio "Checho" Canteros y su padre Julio "Minto" Canteros fueron ferozmente apuñalados.

Por este hecho hay diez personas detenidas acusa­das del crimen. Pero, lo que piden los familiares a las víctimas es que se ahonde en las participaciones se­cundarias y apuntan contra Ramona Villalba.

Por otra parte, la Procura­duría de Criminalidad Eco­nómica y Lavado de Activos que establezca la posible existencia del delito de la­vado de activos, mientras que también se la investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico. s

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Gaucho Gil