Movilizan efectivos para desalojar el predio del Gauchito Gil en Mercedes
Un juez federal ordenó que la Gendarmería expulse a quienes se niegan a liberar la banquina de la Ruta 123. Vialidad demolerá construcciones.
El juez federal de Paso de los Libres Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda envió un nuevo ultimátum a un grupo de vendedores que se niega a dejar los precarios locales comerciales instalados en el predio del Gauchito Gil, en la ciudad de Mercedes, y ordenó a la Gendarmería que de ser necesario, utilice la fuerza para despejar esos 50 metros que existen desde la Ruta Nacional 123, zona perteneciente a la Dirección de Vialidad Nacional.
Para lograr el mismo fin, el magistrado solicitó a las empresas proveedoras de agua potable y electricidad que procedan al corte de los servicios.
"La orden deberá ser ejecutada el 17 de diciembre del año 2021, a partir de las 06.00 y hasta su culminación, la cual no podrá extenderse por más de 48 horas", indica la manda judicial.
Ayer, los numerarios del Escuadrón 7 de la Gendarmería hicieron llegar las intimaciones a los comerciantes que se niegan a salir del lugar, pero éstos realizaron una manifestación en la que cortaron el tránsito de la Ruta Nacional 123 por al menos cuatro horas, lo que generó tensión y caos en el tránsito.
El reclamo de éstos era que "se acerque el Gobernador" a quien reclamaban para abandonar el lugar que se les entregue un lugar definitivo para comerciar, viviendas y hasta una indemnización dineraria.
La ruta fue despejada luego de un acuerdo con los efectivos de la Gendarmería Nacional que custodian el área. Quienes se niegan a salir, integran un grupo de 17 feriantes, que serían allegados a la ex responsable de la administración del precio, Ramona Villalba, sindicada como la supuesta responsable de los desmanejos financieros y administrativos del lugar, investigada en causa de narcotráfico y sindicada como posible autora intelectual del doble crimen de Julio Canteros y su hijo Julio, apuñalados a metros de allí en un intento de usurpación de sus viviendas.
Estos mismos ya se habían negado a dejar los lugares el pasado 27 de noviembre, cuando el juez Fresneda les había dado 48 horas para cumplir la sentencia. Para evitar conflictos, prorrogó el plazo. Ese día se demolieron algunos locales que ya estaban desocupados. El miércoles 15 de diciembre volvieron las máquinas de Vialidad Nacional para cumplir con el mandato judicial, pero la ex encargada del lugar, Villalba, se paró frente a ellas para así frenar la operación.
Tras esto, se emitió una nueva orden judicial. Esta ordena la movilización de tropas y el uso de la fuerza para despejar el área, como la demolición de las construcciones con máquinas viales.s