El plano de lo urgente y lo importante
La dirigencia política pareciera no advertir que el impacto vendrá por el flanco epidemiológico o por la cornisa económica, o como en el caso de la Argentina, por ambos lados.
La dirigencia política pareciera no advertir que el impacto vendrá por el flanco epidemiológico o por la cornisa económica, o como en el caso de la Argentina, por ambos lados.
La pandemia, que le dio un espaldarazo impresionante el año pasado elevando al máximo la imagen del Presidente, ahora parece actuar como ancla; eso, más la crisis económica.
El costo de la canasta básica esencial para una familia tipo de cuatro miembros, que no paga alquiler, llega a los $60.874. Representa tres salarios mínimos.
Petroleras estiman pérdidas millonarias por los piquetes en el Sur protagonizados por presuntos trabajadores de la salud.
El economista Luis Palma Cané criticó la creación del Sistema Informativo Sipre para controlar a grandes empresas. “Es fascismo puro”, dijo.
La acción oficial en el área económica tiene dos frentes: el central, encarado por Martín Guzmán en el exterior para cerrar acuerdos con los acreedores, y el local con el ministro Kulfas para coordinar acuerdos sectoriales.
“Sobre el cierre del año pasado, una brecha cambiaria que rondaba el 100% y alimentaba las expectativas de devaluación impulsó la compra de bienes dolarizados, alentando su demanda en el corto plazo”, indica el informe.
Por muy insólito que parezca, serán los jueces de la Corte los que definan si las escuelas tienen que estar abiertas o no, es decir si son focos de riesgo o no.
Empresarios hoteleros y gastronómicos aseguran que el nivel de actividad retrocedió a valores de hace 40 años.
La administración de Alberto Fernández se está desgastando en medidas coyunturales, reacciones espasmódicas que sirven para ganar un titular, pero no atacan la raíz del problema.
Todavía hay margen de maniobra. Lo que queda es decidir cómo se usará el tiempo disponible, conscientes de que la catástrofe humanitaria es -aparentemente- inevitable.
La Cámara Federal de Casación Penal reafirmó la doctrina de la Justicia argentina que sostiene que las decisiones de los gobernantes en materia económica no son judiciables